Azul Rojas Marín, la mujer trans que sobrevivió a la violación y tortura de tres agentes de La Libertad —un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que demandó al Estado peruano—, fue condenada este miércoles, en primera instancia, a ocho años de prisión efectiva.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo impuso la pena por el delito de organización criminal, aunque su defensa denunció irregularidades en el proceso y la inexistencia de medios probatorios.
El Ministerio Público la sindica como encargada de “otorgar alojamiento a los integrantes” de una red delictiva, “ocultarlos de las autoridades, y ayudar a guardar armas, municiones, celulares y notas extorsivas”, según una resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Sin embargo, para su defensa legal, se trata de un fallo “completamente arbitrario y sin sustento que violenta los derechos” de la activista, a quien defiende ad honorem desde 2019, cuando supo de la “cadena de irregularidades” en el proceso.
Aunque el nombre de la letrada obra en el documento, prefirió mantenerlo en reserva para este informe. “En una condena para un caso de organización criminal se debe acreditar vinculación. En este caso, no existe los medios de prueba que corroboren la tesis fiscal. No hay comunicación. Ningún agraviado o testigo la sindica, ni siquiera un agente especial, que se entiende un policía infiltrado. No entendemos por qué ha fallado así el colegiado”, señaló a este medio.
La abogada afirmó que, cuando tomó el caso, advirtió a su patrocinada que, si hallaba indicios que la impliquen, renunciaría en el acto. “Lamentablemente hay muchos abusos. El colegiado le imputa el uso de cuatro números telefónicos, pero Fiscalía no ha probado que Azul sea titular. Le imputa comunicaciones, pero Azul no registra llamadas a ninguna de esa organización criminal. La condenan por supuestamente brindar alojamiento, pero ningún integrante la menciona ni conoce”, detalló.
En enero de 2019, según la defensa, se allanó el domicilio de Azul Rojas en La Libertad. Entonces, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva por supuesta tenencia ilegal de armas, pero el pedido fue desestimado en tres ocasiones. Además, la activista quedó absuelta.
“En esa misma sentencia, se condenó a otras cuatro personas que eran investigadas por organización criminal. [...] En abril, como estos chicos fueron investigados como integrantes de una organización criminal, pidieron allanamiento de todos, y se vuelve a jalar a Azul, ahora por este delito, porque la tesis fiscal menciona que da alojamiento”, abundó la letrada.
“Los jueces se han equivocado porque se señala que el día del allanamiento se registró armas, pero si se revisa [el acta], en abril no encuentran ningún arma. Además, hay algo relevante. Azul denunció a los policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Paiján que allanaron en enero su casa, son los mismos efectivos que la Fiscalía llamó como testigos para lograr la condena [reciente]”, explicó.
Hace una semana, la defensa presentó un documento sobre el estado de salud de Azul Rojas para que sea considerado en el proceso. “Si fuera un colegiado transparente, respetuoso y objetivo, hubiera evaluado el pedido. Pero hoy, de manera arbitraria, se ha leído la sentencia y no le han hecho caso. Deja mucho que decir de este colegiado”, señaló.
Al cierre de esta nota, el respaldo de Azul espera una notificación oficial para elevar un recurso de apelación con el que busca la nulidad de la sentencia.
Pronunciamiento
Tras conocer la condena, Promsex, Redress y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones que asumieron el litigio estratégico cuando Azul llevó su caso ante la Corte IDH, señalaron en un comunicado que continúan acompañándola “para que se cumplan las resoluciones pendientes de ejecución por parte del Estado”.
Agregaron que no tienen vinculación legal con el proceso de 2019, aunque estarán “vigilantes para que se respeten sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia”. Asimismo, instaron a las autoridades a respetar la identidad de género en las medidas que se ordenen en su contra. La Defensoría, por su parte, dijo a Infobae que da seguimiento al caso y emitirá un pronunciamiento en el transcurso.
Azul marcó un precedente con su caso, el primero sobre crímenes de odio que llegó a la Corte IDH. Su batalla legal puso en el ojo de la comunidad internacional el contexto de discriminación y violencia estructural hacia la comunidad LGTBI en el Perú.
En noviembre del año pasado, en una ceremonia pública celebrada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Estado reconoció su responsabilidad y pidió un perdón histórico.
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