La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aclaró este miércoles que no ha filtrado datos sobre la nueva pesquisa que abrió recientemente contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pues el proceso es de carácter reservado.
“La JNJ no ha emitido ningún comunicado con relación a la investigación preliminar notificada a la fiscal de la Nación. Las etapas de denuncia, investigación preliminar y procedimiento disciplinario en trámite tienen carácter reservado”, señaló el organismo en un comunicado.
Benavides enfrenta un tercer proceso en su contra por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, implicado en una denuncia por lavado de activos en la modalidad de organización criminal. La magistrada obtuvo la Medalla de Lima el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.
De acuerdo con el documento, la conducción de la investigación de la JNJ está a cargo de Inés Tello, exjueza de la Corte Superior de Justicia de Lima. Benavides y su abogado, en tanto, pueden acceder a la Dirección de Procedimientos Disciplinarios para revisar el expediente y, en un plazo de diez días, emitir sus respectivos descargos.
La denuncia fue elevada por los ciudadanos Hilario Manuel Rosales y Gino Alejandro Román Torres, quienes sostienen que la fiscal cometió una irregularidad al aceptar la distinción de López Aliaga, incluido, según IDL Reporteros, en una presunta trama de corrupción que se habría gestado en la Caja Metropolitana durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
El texto también hace alusión a la Ley de la Carrera Fiscal, cuyo artículo 39 prohíbe “donaciones, obsequios, atenciones, agasajos”, entre otros ofrecimientos que provengan “de cualquier institución nacional e internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado”.
La reciente investigación contra la titular del Ministerio Público se suma a otras dos por realizar cambios en el equipo de fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto y por sus grados de tesis de maestría y doctorado obtenidos con unas tesis que, de momento, se encuentran no habidas.
Algunos integrantes del Legislativo han rechazado el proceso. Martha Moyano (Fuerza Popular), primera vicepresidenta del Congreso, denunció que Inés Tello, magistrada a cargo de la investigación, “ya no debe ser miembro de la JNJ por límite de edad”.
“Señora, ¿tiene usted el límite de edad permitida para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, según artículo de 156 de la constitución?”, cuestionó la congresista en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Parlamento, calificó la pesquisa como un “total despropósito” y, de igual manera, puso énfasis en que esté dirigida por una miembro “que a la fecha superó límite de edad permitido”.
Patricia Benavides criticada por extradición de Alejandro Toledo
En la víspera, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, criticaron la presencia de Patricia Benavides en la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
La magistrada se apersonó el último domingo a la Dirección de Aviación Policial, aledaña al aeropuerto Jorge Chávez, para constatar la entrega del exmandatario, a quien le explicó a sus derechos fundamentales tras su llegada en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles (Estados Unidos).
Vela, fiscal coordinador del equipo especial, señaló que, “desde el punto de vista procesal”, Benavides no tenía ningún protagonismo en aquella diligencia. “El caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria que está controlando el contenido de acusación”, señaló en diálogo con Exitosa.
Por su parte, José Domingo Pérez, encargado del caso por el que se extraditó al expresidente, se refirió a la supuesta oferta de la fiscal a Toledo, a quien le habría ofrecido el “perdón total” si se acogiera a la colaboración eficaz.
“¿Usted quiere que me abran proceso disciplinario por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal? No quiero ser pasible de alguna investigación que me puedan iniciar los órganos de control”, dijo escuetamente el fiscal, que pidió penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el caso Ecoteva.
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