Informe de Human Rights Watch señala que hubo ejecuciones extrajudiciales durante protestas contra el gobierno de Dina Boluarte

Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles su informe final sobre las protestas sociales que se dieron contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República entre diciembre del 2022 a febrero de este año. En el documento, al que Infobae tuvo acceso, se menciona que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes.

Como es público, 60 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden por exigir la renuncia de la presidenta de la República y la disolución del Parlamento. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW sobre esta situación en su informe.

La organización, con sede en Nueva York (Estados Unidos), hizo referencia también a un informe de la Defensoría del Pueblo que señala que de las muertes ocurridas en las marchas contra las altas autoridades, al menos 49 se dieron por la represión militar y policial. En esta cifra, 39 víctimas presentaron que habían sufrido impactos de balas de las fuerzas del orden.

HRW señala que los peruanos que fueron asesinados, al menos 15, no participaban directamente de las protestas porque eran transeúntes. Además, agrega que tres eran observadores internacionales y otros tres estaban en los lugares de enfrentamiento para ayudar a los heridos que, por cierto, resultaron ser 125, de acuerdo a datos que el Ministerio de Salud.

Adicionalmente, la organización internacional que defiende los derechos humanos menciona que revisó al menos 34 autopsias de fallecidos para determinar qué zonas habían recibido los disparos. Así, señalan que 14 víctimas registraban orificios de bala en el torso, 11 en la cabeza y nueve en la espalda.

De otro lado, el informe de Human Rights Watch señala también que existe responsabilidad de los altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte para que se haya permitido la represión militar y policial en las protestas sociales que abarcaron a Lima y regiones del sur como Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa y Tacna.

Además, HRW también cuestiona el papel de la Fiscalía de la Nación, a cargo de Patricia Benavides, para investigar y dar con los responsables de las muertes. Así, mencionan que hubo una demora para recoger pruebas que podrían haber contribuido al avance de las indagaciones en este asunto.

Dentro del capítulo enfocado en la labor del Ministerio Público, HRW también sostienen que “fiscales no entrevistaron a militares y policías meses después de los hechos”. Así, ponen como ejemplo lo ocurrido en Puno: “Para marzo de 2023, en Juliaca, donde 18 personas murieron a causa de las heridas sufridas el 9 de enero de 2023, la Fiscalía no había tomado declaración a los miembros de las fuerzas de seguridad”.

También se cuestiona la Fiscalía especializada en derechos humanos, que fue creada por la gestión de Patricia Benavides. “No tiene peritos forenses asignados a sus casos, sino que solicita los peritajes a cualquier experto que trabaje para el Ministerio Público en todo tipo de casos. Eso impide que se puedan especializar en investigaciones sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”, menciona.

Finalmente, el informe de Human Rights Watch brinda una serie de recomendaciones.

Para el Gobierno de Dina Boluarte, se le plantea que invite a expertos internacionales que puedan profundizar más de lo ocurrido durante las protestas sociales en su contra, poner fin a la estigmatización de los manifestantes al tratar de vincularlos con el terrorismo, rendir cuentas por los abusos cometidos, ordenar a las fuerzas del orden que protejan la protesta pacífica.

A la Fiscalía que refuerce las investigaciones que terminen siendo oportunas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la policía y las fuerzas militares. Además, nombrar más fiscales especializados en derechos humanos fuera de Lima, sobre todo en el sur del Perú. Igualmente, recopilar y publicar datos sobre el número de personas heridas y fallecidos.

Sobre el Congreso, abandonar sus intenciones de socavar la autonomía de las instituciones como la Defensoría del Pueblo y las instituciones electorales como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

A la Policía y las Fuerzas Armadas, abrir investigaciones internas sobre el uso inapropiado de armas letales y el hostigamiento y violencia policial contra periodistas y brindar plena cooperación a los fiscales en las indagaciones de los fallecidos y heridos.