La presidenta Dina Boluarte otorgó este miércoles un plazo perentorio y una amnistía de multas de seis meses para extranjeros en situación migratoria irregular, una condición que se produce cuando venció su plazo de permanencia otorgado por Migraciones o cuando ingresaron al país sin control migratorio.
“Se otorgará un plazo perentorio que será aprobado por resolución de Superintendencia de Migraciones. Esta regularización podrá aplicarse también a los extranjeros que ingresaron de manera regular, pero por diversos motivos su condición ahora pasó de regular a irregular, o para aquellos extranjeros que ingresaron sin control migratorio”, anunció la mandataria, acompañada de algunos ministros.
“Esta medida nos permitirá regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular e incentivar la formalidad en el control migratorio y el mercado laboral, evitando la trata de personas, la explotación, entre otros [ilícitos]”, continuó.
Boluarte también informó la aprobación de una autógrafa de la ley “que regulariza y actualiza la situación migratoria mediante la exoneración de multa” ante la autoridad migratoria.
“La amnistía solo tiene un periodo de seis meses, no seremos tolerantes y solo aplica a extranjeros que ingresaron de manera regular y [su situación] ha devenido en irregular”, precisó.
Las iniciativas fueron acordadas durante el Consejo de Ministros, en el que también se aprobó declarar Estado de Emergencia en las zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile.
La medida abarca a Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Puno, donde ya rige ese régimen de excepción debido a las protestas.
De igual manera, la jefa de Estado agregó que la Policía Nacional (PNP) mantendrá el “control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. Por su lado, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que el objetivo de la declaratoria de emergencia es “evitar el ingreso de manera irregular e ilegal” al territorio nacional.
Con ello, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
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