La congresista María Cordero enfrenta serias denuncias, en el Congreso —en la Comisión de Ética— y el Ministerio Público, por el presunto recorte de sueldo de sus trabajadores parlamentarios.
Mientras la Fiscalía avanza las diligencias correspondientes por el supuesto de concusión, la Comisión Permanente del Parlamento sesionó este miércoles 26 para evaluar la denuncia constitucional contra Cordero.
Esta fue presentada por su excolega Martha Moyano por la posible comisión de las infracciones constitucionales de los artículos 1, 2 inciso 15; 22, 23, 38 y 45.
La cuestionada legisladora presentó su carta de renuncia a su grupo parlamentario, Fuerza Popular, días atrás. Instantes antes de su comunicado, sin embargo, la bancada ya había anunciado un proceso de expulsión en su contra.
La Comisión otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra la congresista por la posible comisión del delito de concusión y presuntas infracciones constitucionales. La propuesta fue aprobada con 22 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Posterior a ello, el grupo de trabajo liderado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) deberá presentar un informe final del caso.
De acuerdo a la normativa vigente, “la sanción máxima (…) para la infracción constitucional consiste en la destitución del cargo de congresista y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años”.
En la audiencia también se analizarán otras tres denuncias constitucionales, entre ellas, las denuncias constitucionales 285 y 287 acumuladas contra el expresidente Francisco Sagasti.
Al exmandatario se le atribuyen los presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal, así como las posibles infracciones a los artículos 2 incisos 2 y 15; 118 inciso 1; 139 incisos 3 y 5 y 172 de la Constitución.