Caso Lava Jato: Exdirectivo de Graña y Montero pagó S/ 39.6 millones por reparación civil

La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que José Alejandro Graña Miró Quesada, exdirectivo de la antigua constructora peruana Graña y Montero, pagó la suma de S/ 39.6 millones por concepto de la reparación civil a favor del Estado peruano.

Dicho monto se suma a los S/ 300 mil que el empresario pagó inicialmente como caución judicial en noviembre de 2021. Sin embargo, por una reciente orden del juez Richard Concepción Carhuancho, dicho pago pasará a formar parte la reparación civil del exdirectivo a favor del Estado.

De esta manera, Graña Miró Quesada ha cumplido con cancelar la totalidad de los S/ 39.9 millones que se pactaron en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la Procuraduría Ad Hoc y el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, convenio que fue aprobado por el Poder Judicial el pasado 12 de diciembre de 2022.

Para la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola, este es un hecho de gran relevancia para la defensa jurídica del Estado en su lucha contra la corrupción y la impunidad.

“Antes del inicio del caso Lava Jato las reparaciones civiles prácticamente no se cobraban de manera efectiva en el Perú. No obstante, hoy podemos decir que tenemos un tercer colaborador eficaz que ha cumplido con pagar la totalidad de su reparación civil a favor del país, mientras que el resto de colaboradores están cumpliendo con sus pagos”, señaló la abogada del Estado.

Asimismo, Carrión agregó que la reparación civil que ha pagado Graña Miró Quesada “es la más alta que ha realizado hasta el momento una persona natural en la historia del Perú por hechos de corrupción”.

El acuerdo de colaboración eficaz con Graña Miró Quesada permite obtener valiosa información, documentos y testimonios respecto a seis carpetas fiscales: el caso ‘Club de la Construcción’ y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Sur Tramos 2 y 3, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur y Línea 1 del Metro de Lima.

En febrero del año pasado, José y Hernando Graña Acuña, su hermano, suscribieron acuerdos de colaboración eficaz con el Ministerio Público y la procuraduría ad hoc en la investigación del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Y a inicios de 2023, el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz, según una resolución emitida el último martes por el juez John Pillaca Valdez.

Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht reconoció que pagó millonarios sobornos a cambio de obtener grandes contratos en obra pública, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.

Por ello están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien fue recientemente extraditado desde Estados Unidos al Perú; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está en arresto domiciliario.

Por el mismo caso, también estuvo investigado el exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que en 2019 se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía llegó a su casa para detenerlo. Además, están investigadas Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

La llegada de Alejandro Toledo al país coincidió con la siguiente etapa del caso Interoceánica. En concreto, se pasó al control de acusación de la Fiscalía que señala al expresidente (2001-2006) de haber recibido USD 35 millones por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo y Correa para que sean beneficiados con los tramos dos, tres y cuatro de esta obra emblemática de su gobierno.

Por este grave hecho, el Ministerio Público solicita una condena de 20 años y seis meses de prisión para Toledo Manrique por haber cometido los presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos. Sin embargo, el exmandatario recién pasaría a juicio oral dentro de un año y medio, según fuentes consultadas por el diario La República. Es decir, a fines del 2024 se podría tener una sentencia.