Un nuevo capítulo en el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo. El Tercer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la acción de amparo que el sindicato de trabajadores de la institución presentó por serias deficiencias que el Congreso de la República habría incurrido cuando ya superó la etapa final de entrevistas que, al final, tres postulantes en carrera.
Según el diario La República, el fallo del magistrado John Paredes realiza un pedido al Parlamento: que elabore un reglamento especial que tenga rango de ley. Esta invocación se debe a que el artículo 99 de la representación nacional señala claramente que la elección del defensor debe basarse en base a la Ley órganica “así como el procedimiento determinado en los reglamentos especiales que apruebe el Congreso”.
En esa línea, la resolución judicial señala que este reglamento debería precisar los requisitos que debía cumplir el nuevo titular de la Defensoría y su proceso de selección. Ello ayudaría a que la imparcialidad, meritocracia, transparencia y la ciudadanía puedan darse de este tercer proceso que empezó desde la gestión de María del Carmen Alva en junio del 2022.
Por ahora, ya hay una terna de tres candidatos que serán sometidos a la evaluación del Congreso. Estos son Pedro Cartolín, Jorge Rioja y Josué Gutiérrez.
Jorge Rioja es la apuesta de las bancadas de Acción Popular y el Bloque Magisterial. Hay que recordar que este postulante fue uno de los que renunció en el proceso que quiso realizar el Congreso en julio del 2021.”En esta ocasión, estando a la polarización de fuerzas políticas de su representado, presento mi renuncia irrevocable al proceso”, argumentó en una carta.
De otro lado está Josué Gutierrez por Perú Libre. El excongresista del Partido Nacionalista del expresidente Ollanta Humala trabaja como asesor de la bancada del partido del lápiz. Finalmente tenemos a Pedro Cartolin por Podemos Perú de José Luna Gálvez.
El 9 de mayo se conocerá al nuevo titular de la Defensoría que asumirá en reemplazo de la interina Eliana Revolledo.
Origen del conflicto
En dos ocasiones se frustró el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo.
La primera sucedió el 9 de junio del año pasado cuando el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del juez John Paredes, ordenó al Congreso que suspenda el proceso hasta que se decida si se aprueba o no una acción de amparo presentada por el sindicato de la Defensoría que acusó a María del Carmen Alva, entonces presidenta del Parlamento, que había vulnerado los principios de transparencia al integrar y presidir la comisión especial, pues se excedió con ella el número máximo de integrantes permitido, que es nueve.
También cuestionó que no se haya permitido la participación de la ciudadanía en la fase de tachas (rechazo) de los candidatos, ni que se pueda conocer la información proporcionada por la Contraloría de la República y otras entidades oficiales sobre sus trayectorias profesionales y personales.
En ese sentido, el tribunal encontró “un peligro inminente” de que el proceso se realice sin los requisitos mínimos de “publicidad”, “transparencia” y “participación de la sociedad civil” porque se tenía previsto presentar el resultado de la elección de candidatos.
Sin embargo, los parlamentarios siguieron y conformaron un nuevo grupo con Freddy Díaz como titular. Como es público, Díaz fue denunciado de violación sexual por una trabajadora de su despacho. A consecuencia de esto, sería expulsado de la bancada de Alianza para el Progreso y retirado de la presidencia de este grupo.
El grupo de trabajo eligió al apepista Idelso García como nuevo presidente, quien se encargaría de dirigir las últimas etapas del proceso de selección. La terna que sería elevada al hemiciclo fue elegida en la sesión del 5 de agosto y estuvo compuesta por Carlos Castro Barriga, Jorge Rioja Vallejos y Beatriz Ramírez Huaroto. No obstante, ninguno logró los 87 votos requeridos.