Comparten el mismo penal, en celdas diferentes, en su condición de exmandatarios. A Barbadillo, institución ubicada en Ate, llegó Alejandro Toledo el último domingo 23 tras su extradición al Perú; Pedro Castillo (Perú Libre), mientras tanto, ingresó al centro en diciembre del 2022 por perpetrar un golpe de Estado no respaldado por las fuerzas del orden.
Sobre los expresidentes recaen graves imputaciones —lavado de activos, organización criminal, entre otros— por presunta corrupción durante sus gobiernos. Pero este no es el único vínculo que los une.
Castillo Terrones integró el partido político Perú Posible (PP), fundado por Toledo en 1997, e incluso postuló a un cargo público a través del mismo.
Un año después de la elección del extraditado como presidente de la república, en el 2002, el exdignatario por Perú Libre aspiró a liderar la alcaldía de Anguía, en Cajamarca. Sin embargo, apenas obtuvo el 8% de los votos necesarios.
De acuerdo a información consignada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Castillo también integró el comité político de dicha región por PP. En dicho puesto se mantuvo desde el 2005 hasta el 2017, año en el que la agrupación perdió su inscripción.
En aquel entonces, PP debía obtener al menos el 5% de los votos válidos en la contienda electoral del 2016. En su lugar, solo registró un escaso 1,53%.
Investigaciones en curso
El expresidente Alejandro Toledo está implicado en los casos Ecoteva y carretera Interoceánica. La Fiscalía lo sindica como receptor de millonarios sobornos, provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, a favor de la buena pro en distintos tramos de la citada vía.
Junto a él, su esposa y ex primera dama, Eliane Karp, también enfrenta imputaciones y una pena de cárcel de 16 años y ocho meses por el caso Ecoteva.
Tras más de seis años de espera, desde su viaje a Estados Unidos (EE.UU.) en el 2017, las autoridades peruanas lograron concretar el pedido de extradición en su contra. El exmandatario se entregó voluntariamente a la justicia norteamericana y fue deportado a territorio peruano dos días después.
Llegó al Perú el domingo 23 de abril y fue conducido, tras pasar por los controles de ley respectivos, al penal Barbadillo al contar con dos órdenes de prisión preventiva, por 18 meses, en su contra.
Del otro lado, el exmandatario Pedro Castillo enfrenta la misma medida por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración. Este fue el primer fallo para su encarcelamiento preventivo, por un total de 36 meses, y se produjo debido al golpe de Estado que este perpetró —sin el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional— el siete de diciembre del 2022.
Una segunda orden, por el mismo plazo, se le impuso al exdignatario perulibrista —meses después— en el marco de su investigación por liderar una presunta organización criminal, así como los supuestos de tráfico de influencias y colusión agravada.
Su esposa y ex primera dama, Lilia Paredes, también está incluida en las diligencias, sin embargo, esta logró recibir asilo político en México y reside allí junto a sus hijos.