
La llegada de Alejandro Toledo al Perú el último domingo coincidió con la siguiente etapa del caso Interoceánica. En concreto, se pasó al control de acusación de la Fiscalía que señala al expresidente (2001-2006) de haber recibido 35 millones de dólares por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo y Correa para que sean beneficiados con los tramos dos, tres y cuatro de esta obra emblemática de su gobierno.
Por este grave hecho, el Ministerio Público solicita una condena de 20 años y seis meses de prisión para Toledo Manrique por haber cometido los presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos. Sin embargo, el exmandatario recién pasaría a juicio oral dentro de un año y medio, según fuentes consultadas por el diario La República. Es decir, a fines del 2024 se podría tener una sentencia.
La razón es la duración que tomará, como decíamos, el control de acusación que comenzó con el regreso de Toledo a nuestro país. Esta etapa es la intermedia dentro de un caso en el fuero judicial y consiste en tres partes: el control formal, control sustancial y control de pruebas.
Ayer comenzó el control formal en la que el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez recibieron las observaciones de los procesados. En este caso, aparte del expresidente Toledo, también se encuentran incluidos los siguientes: Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font Quevedo, Avraham Dan On, José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone, José Castillo Dibós, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey.

Durante la audiencia, la defensa legal de Toledo señaló que tenía sus observaciones a la acusación que hoy lo explicará por la tarde. De otro lado, el mismo magistrado Concepción también hizo notar que en el documento elaborado por el Ministerio Público también existían errores como la rotulación y la númeración respecto a la imputación que hay contra uno de los procesados, Sergio Bravo Orellana.
Luego de escuchar las observaciones del abogado Roberto Su, quien representa al expresidente, y del Poder Judicial, pues todo queda en manos del fiscal José Domingo Pérez, quien recibirá la acusación contra Toledo a fin de subsanar los errores para que sea devuelto de inmediato y proseguir con esta etapa intermedia que no debería tener demasiados cambios para que se logre una pronta sentencia.
Declaraciones delatoras
Dos testimonios resultaron claves para desentrañar este caso que podría llevar a Toledo Manrique, de 78 años, a la cárcel por veinte años y seis meses. Esos son los de Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo personal del exmandatario, y Jorge Barata, exsuperitendente de Odebrecht en el Perú.
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, fue el encargado de interrogar a Barata y Maiman como parte de la investigación a Toledo Manrique. De ellos sacó las pruebas necesarias contra el exmandatario.

Cuando el fiscal Pérez lo llegó a interrogar, Barata contó que toda la operación para favorecer a Odebrecht inició con la publicación del Decreto Supremo 022-2005 que permitió exonerar los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Tras este primer paso, Barata aseguró que tuvo varias reuniones con el expresidente Toledo en Palacio de Gobierno. En estos encuentros, ambos hablaban sobre cómo se iba a dar la licitación a favor de la constructora brasileña.
“Todos los detalles del proceso que mandaba, qué informe había, qué informe no había, dónde estaba trabado el proceso, por qué no terminaba. En varias ocasiones (…) él agarraba el teléfono y llamaba al ministro de Economía y Finanzas”, apuntó el exejecutivo de Odebrecht ante el representante del Ministerio Público cuando lo entrevistó en Brasil.
Barata confirmó que estas citas con el exmandatario sirvieron para que les dieran las concesiones. A cambio, anotó que le entregaron 31 millones de dólares que tuvo un receptor para evadir las sospechas.

La persona que se encargaba de recibir los sobornos de Odebrecht era el empresario peruano-israelí y amigo personal del exmandatario, Josef Maiman, quien también dijo su verdad cuando el fiscal José Domingo Pérez requirió su declaración.
“Toledo me presenta a Barata en el hotel, donde Barata me dice que puedo reunirme con Marcelo [Odebrecht]. Todo sucede en el Marriott. Fue una buena reunión porque despertamos el interés de Marcelo [...] la reunión consistió en la presentación de mi empresa porque queríamos cooperar con Odebrecht en proyectos de otros países”, contó Maiman sobre la ocasión que conoció a los representantes de Odebrecht en compañía del expresidente.
Antes de perder la vida el 9 de octubre del 2021, Maiman quiso detallar en qué condiciones aceptó ser el testaferro de Toledo.
“En la segunda mitad del 2004, en noviembre, ya en Brasil, él (Barata) ya sabía que yo estaba dispuesto a ser el receptor y Barata, cuando me lo pregunta y trata de confirmar que yo acepté ser el receptor, en la cual él me menciona por primera vez que hay una relación directa con la Interoceánica y me dice que él va a necesitar un contrato de servicio con mi empresa, que lo necesita para poder justificar ante los bancos brasileños, el financiamiento brasileño de ejecutar las transacciones”, refirió al fiscal Pérez.

Maiman agregó que puso sus empresas Merhav, Warbury y Trailbrige para que reciban el dinero de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. En total, el amigo personal de Toledo anotó que recibió en sus cuentas cerca de 31 millones de la firma brasileña, mientras cuatro millones provinieron de la constructora Camargo y Correa que iba por el tramo cuatro de la Carretera Interoceánica.
El dinero recaudado, según Maiman, después era transferido a la empresa Confiado International que traspasaba todo a dos compañías creadas en Costa Rica. Con estos sobornos, luego, abriría el hilo de la madeja de otro caso que involucra al expresidente Toledo que es el caso Ecoteva, donde también afronta un juicio por el p
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