Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, llegó este domingo a la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA) del aeropuerto Jorge Chávez, para la audiencia judicial que se desarrollará tras la extradición del expresidente desde Estados Unidos.
“Me acaba de llamar una fiscal superior para que decirme el presidente ha pedido mi presencia. Entiendo que la audiencia será acá [y no en la sede del Poder Judicial de la avenida Tacna]”, precisó el letrado en diálogo con Canal N.
Su remarcó el deteriorado estado de salud del exmandatario, quien ya pasó el control migratorio. “No es idóneo que vaya al penal [de Barbadillo], debe tener una atención médica. Hoy lo van a evaluar. Ya se sabrá, porque es información pública, cuál es su estado real“, continuó.
Toledo, acusado de recibir unos 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht tras favorecerla en la licitación de contratos para la construcción de la Ruta Interoceánica Sur, llegó al aeropuerto limeño en un vuelo comercial, procedente de Los Ángeles.
Esposado, el exmandatario reclamado por la Justicia peruana desde 2017 bajó de la nave tras ser entregado por alguaciles a los agentes de la Policía Nacional, y conducido a la DIPA. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el jefe de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza, ingresaron para constatar la entrega.
En ese ambiente, el expresidente, que se declaró paciente oncológico antes de comparecer en EE.UU., será examinado por médicos legistas, antes de ser entregado formalmente al Poder Judicial para la diligencia de control de identidad. Aunque el PJ ha garantizado su salud, la defensa cuestionó los procesos.
“A [mi patrocinado] no se le ha respetado sus derechos. El ministro de este régimen ha dicho que es un delincuente, a ese ministro ya lo debían haber separado. La prensa internacional está mirando estos acontecimientos y ellos van a salvaguardar que no existan violaciones”, declaró.
En otro momento, el abogado Su volvió a mencionar una posible prisión domiciliaria para su patrocinado. “Evidentemente, la norma procesal permite que se pueda tomar otro tipo de medidas, no existe ninguna prohibición que una persona extraditada no pueda tener un arresto domiciliario”, señaló.
El Ministerio Público ha solicitado para Toledo penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esta carretera; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el Caso Ecoteva.
En marzo de este año, también pidió la expropiación de los bienes inmuebles del otrora jefe del Ejecutivo peruano y su entorno familiar.
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