Tras conocerse que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la moción de reconsideración y suspensión que el expresidente Alejandro Toledo presentó para evitar su extradicción al Perú, su defensa legal brindó un nuevo argumento con el fin de justificar de por qué no debería ser traído a nuestro país para que responda ante la justicia por el caso Odebrecht.
Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, reveló en diálogo con RPP Noticias que el estado de salud de su patrocinado es delicado porque sufriría de cáncer. “Es una persona convaleciente de cáncer. Es lo que él me ha dicho. Es una persona que tiene varias enfermedades acreditadas con unos tratamientos que vienen desde hace muchos años”, señaló.
El letrado agregó que el expresidente y fundador del desaparecido partido Perú Posible “tiene todo un historial clínico en los médicos de California que lo atienden”. “Obviamente, se aprecia que no es un Alejandro Toledo de hace veinte años. Es una persona que está resquebrajada en su salud”, mencionó Su al medio local.
Ante la pregunta en la citada emisora de cuándo se le habría detectado a Toledo que padece cáncer, su abogado no brindó una fecha exacta. Aseguró que ya lo sabía desde hace tiempo.
“Hay enfermedades que tienen cuatro o cinco años. Hay otras enfermedades que son un poco más antiguas y hay algunos que tienen, digamos, dos a tres años. El presidente Toledo tiene un tratamiento que le hacen consumir entre once a trece pastillas diariamente. Es lo que él utiliza de forma recurrente y permanente”, agregó.
Sin embargo, cuando el abogado Su fue interrogado sobre si el cáncer que Toledo padecería podría complicar su extradicción al Perú, la respuesta terminó siendo muy clara. “No necesariamente. No se conoce que esta enfermedad pueda ser un impedimento. Las razones que esgrimen sus abogados en Estados Unidos son de otra naturaleza”, apuntó.
“[Repregunta sobre que el cáncer impediría el proceso de extradicción] No es algo que los abogados hayan utilizado y tampoco corresponde de acuerdo del tratado. El tratado de extradicción establece que el Estado peruano puede solicitar y adjuntar los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento”, agregó.
El letrado Roberto Su recordó que el Estado peruano solicitó la extradicción del expresidente Toledo, la cual fue aprobada por la Corte Suprema en marzo del 2018. Además, anotó que el cuadernillo lo presentaron en mayo de aquel año, pero por esa época no había acusación. Acotó que recién el Ministerio Público presentó la acusación contra el exmandatario en el 2020.
Finalmente, el abogado del expresidente Toledo manifestó que su patrocinado se siente una “una persona vulnerable” en el Perú. “El presidente siente que el país no le ofrece seguridad respecto a un sistema de justicia imparcial y transparente. Las conductas que se han tenido en el sistema de justicia han sido gravísimas y las autoridades políticas. El 6 de abril, el ministro de Justicia [José Tello] ha salido a decir que el señor Toledo está calificado como un delincuente. Ha dicho que existen sólidas pruebas de que ha participado [en el caso Odebrecht]. Oiga, si esa es la postura del Poder Ejecutivo, por qué no ha sido desmentido”, anotó.
Nuevo pedido
La Fiscalía General de Estados Unidos ha solicitado al juez de California, Thomas S. Hixson, que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) debe ser detenido para ejecutar su extradición al Perú, donde tiene pendiente responder por supuestos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht durante su gobierno.
El requerimiento del representante del Departamento de Justicia, Ismail J. Ramsey, llegó horas después de que el Noveno Circuito de California negara la moción presentada por la defensa del exmandatario para una nueva audiencia de reconsideración, y a solo tres días de que se levante la suspensión de extradición.
“La Corte nuevamente debe emitir una orden de reclusión que remita a Toledo a la custodia del U.S. Marshal de inmediato. Una vez que Toledo esté bajo custodia, los Estados Unidos se encargarán de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas de manera expedita, suponiendo que no existan impedimentos legales para ello”, se lee en el documento difundido por El Comercio.