Por un nuevo pedido elevado este martes desde la Fiscalía General de Estados Unidos al juez de California, Thomas S. Hixson, el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) debe ser detenido para ejecutar su extradición al Perú, donde tiene pendiente responder por supuestos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht durante su gobierno.
El requerimiento del representante del Departamento de Justicia, Ismail J. Ramsey, llegó horas después de que el Noveno Circuito de California negara la moción presentada por la defensa del exmandatario para una nueva audiencia de reconsideración, y a solo tres días de que se levante la suspensión de extradición.
“La Corte nuevamente debe emitir una orden de reclusión que remita a Toledo a la custodia del U.S. Marshal de inmediato. Una vez que Toledo esté bajo custodia, los Estados Unidos se encargarán de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas de manera expedita, suponiendo que no existan impedimentos legales para ello”, se lee en el documento difundido por El Comercio.
El retraso de la extradición por 14 días aún se mantiene, aunque el juez Hixson, que días atrás dejó sin efecto una orden afín, podrá ordenar la detención del exmandatario a partir de este jueves 20 para dejarlo en manos de las autoridades peruanas.
El lunes, Toledo asistió en forma virtual a una audiencia judicial del proceso que se sigue por el caso Odebrecht, lo que motivó el reclamo de la Fiscalía porque el juez aceptó su participación a pesar de que afronta un proceso de extradición desde Estados Unidos.
Ante el tribunal, el exmandatario dijo desempeñarse como investigador en Ciencias Sociales en la Universidad de Stanford.
De acuerdo con la acusación, presentada por la Fiscalía en 2020, Toledo pidió a Odebrecht un soborno de 35 millones de dólares para adjudicar la obra vial, por lo cual se solicita que sea condenado a 20 años de cárcel por el delito de lavado de activos.
El ministro de Justicia, José Tello, ha reiterado que el expresidente responderá “sí o sí” ante las autoridades, por lo que el Estado peruano hace seguimiento al caso mediante un estudio de abogados en ese país.
Tello confió en que la extradición ocurrirá pronto, pese a las maniobras dilatatorias. “Hay que esperar los plazos que estableció la justicia estadounidense y sobre el particular estar confiados en que este señor (Toledo) va a terminar respondiendo ante la justicia peruana, porque hay una decisión del Gobierno de Estados Unidos respecto a su extradición”, dijo.
El exjefe de Estado fue detenido en 2019 en California y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia.
En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición al hallar pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero pasado por el Departamento de Estado.