Congresistas investigadas por “mocha sueldo” podrían recibir hasta ocho años de prisión efectiva

La situación legal de María Cordero Jon Tay, Magaly Ruíz, Heidy Juárez, Rosio Torres y Katy Ugarte, congresistas investigadas por recortar parte del sueldo a trabajadores parlamentaros, podría complicarse seriamente en un futuro no tan lejano.

De acuerdo al abogado penalista Benji Espinoza, las legisladoras recibirían hasta ocho años de prisión efectiva, de comprobarse que cometieron la comisión del delito contra la administración pública.

“En el caso de las cinco congresistas tienen como denominador común que en todas ellas habría la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, que está previsto en el artículo 382° del Código Penal, que significa en buena cuenta que el funcionario público abusa de su poder y obliga o induce a que entregue algo”, dijo el letrado.

“La pena que corresponde es de mínimo dos y como máximo hasta ocho años, si es una condena grave. En este caso concreto de las congresistas se cumplen los tres requisitos: son funcionarias públicas, habría abuso de su cargo y el beneficio fue para ellas”, afirmó Espinoza.

En poco más de un mes, se conocieron por denuncias periodísticas cinco casos de congresistas, de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú, quienes terminaron investigadas preliminarmente por el delito de concusión.

El primero de los destapes fue el de la legisladora Magaly Ruíz, de APP, denunciada por el comunicador Carlos Marina Puscán de recortarle 1,500 soles de su salario por sus servicios en la Comisión Especial de Protección a la Infancia del Parlamento.

El pasado 9 de marzo, el Ministerio Público comunicó que abrió una investigación preliminar contra Ruíz.

Otra de las parlamentarias involucradas con este tipo de presunto ilícito fue Heidy Juárez, de Podemos Perú, quien también ocupó el cargo de ministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo al Semanario Hildebrandt en sus trece, Juárez recortó el sueldo de cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático.

Las personas afectadas indicaron que Miguel Chafloque, asesor principal de Juárez, les exigía pagos mensuales entre los S/200 a S/1.000. La Fiscalía de la Nación incluyó a Chafloque en la investigación por presuntamente ser cómplice de la legisladora.

Rosio Torres, también congresista de APP, se la acusó de haber obligado a cinco trabajadores de su despacho en el Congreso a depositar parte de sus sueldos a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.

Una de las afectadas se identificó como Cecilia Salazar Mattos, quien entre julio de 2021 y agosto de 2022, le transfirió a Pérez 24,562 soles.

De acuerdo a Punto Final, Torres borró el historial de conversaciones que sostuvo con su sobrino a través del WhatsApp, luego de haber sido consultada por el mismo programa sobre el recorte de salarios a sus colaboradores.

A la congresista Katy Ugarte (no agrupada), quien llegó al parlamento por Perú Libre y pasó al Bloque Magisterial, habría recortado en sueldo de sus trabajadores para pagar publicaciones en la prensa que mejorarán su imagen en el Cusco, región que representa.

En varias conversaciones entre los colaboradores de Ugarte se aprecia que a aquellos se les descontaba irregularmente 300 soles al mes, mientras que a los asesores 400.

Según un informe de Cuarto Poder, Wilber Felices Villafuerte, coordinador del despacho de la parlamentaria, que fue hallado con ella el día del allanamiento a su vivienda por el caso Los Niños, era el encargado de recibir el dinero.

El más reciente de los casos fue el de María Cordero Jon Tay. Unos audios difundidos por Punto Final revelaron que exigía a un trabajador de su despacho más del 50 % de su salario.

“¡Porque a ti ya te depositaron ya! ¡Vamos al cajero de una vez!”, se escucha decir en de las grabaciones a Cordero Jon Tay, ahora procesada por la fiscalía por el presunto delito de concusión.