La solicitud de información de la Procuraduría Antiterrorismo sobre el supuesto deceso de la terrorista Martha Huatay en Argentina fue enviada este viernes a la embajada del Perú en ese país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El oficio, formulado por el procurador antiterrorismo Milko Ruiz, busca corroborar la muerte de la sentenciada terrorista de Sendero Luminoso (SL) que, como aseguraron investigadores a Infobae, ocurrió el 12 de setiembre del 2022 por paro cardiorrespiratorio. De confirmarse la información, cualquier proceso penal en su contra quedaría extinto.
El propio sobrino de Martha Huatay —quien tenía una orden de captura para que cumpla prisión preventiva por el atentado a la calle Tarata y enfrentaba una nueva investigación por la cual Fiscalía pidió que se la condenara a cadena perpetua por terrorismo— presentó su certificado de defunción a la Policía Federal, que fue remitido a Interpol Lima.
Fuentes del caso también señalaron a Infobae que, si desconfía de la versión, la Justicia peruana podría pedir un cotejo de huellas tomadas del cadáver, ya que su cuerpo fue cremado.
Conocida como la ‘camarada Rosa’ o ‘Mary’, Huatay fue sindicada como la líder de la agrupación Socorro Popular, creada para conseguir fondos, dar apoyo logístico y atender a los heridos de la agrupación terrorista fundada por el genocida Abimael Guzmán. Posteriormente, pasó a ejecutar atentados, sabotajes y asesinatos selectivos.
Se le acusó, asimismo, de reclutar niños y planificar atentados con coche bomba, como el que en 1992 dejó 20 muertos y más de 200 heridos en el distrito de Miraflores. Además, integró la agrupación autodenominada Abogados democráticos, que se encargó de la defensa legal de los detenidos y acusados de pertenecer a Sendero.
Martha Huatay, capturada el 17 de octubre de 1992, salió de la cárcel en 2017, tras cumplir una sentencia de 25 años. A Argentina ingresó el 5 de junio de 2022 de manera regular y no se supo más de ella.
Cuestionamientos
El supuesto deceso ha abierto una gran interrogante en Perú. Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) indicó en RPP que el caso evidencia “una clara evidencia de la profunda y significativa debilidad del Estado peruano en los temas de seguridad y defensa”.
“Huatay no es una delincuente común y corriente. Estamos hablando de la jefa de operaciones de Abimael Guzmán, la persona más sanguinaria y favorita de Abimael Guzmán, a quien reportaban directamente los atentados de coche bomba, Tarata y asesinatos colectivos. Es imposible que haya podido salir del país sin una orden de restricción de salida y teniendo pendiente un pedido de prisión preventiva”, dijo.
Para Liendo “ha fallado el Ministerio Público, la Policía, el Sistema de Defensa y Seguridad Nacional, y sobre todo el Sistema de Inteligencia, que por fundamento debe cubrir todos los espacios que no son cubiertos o que están débiles”.
Por su parte, José Gil Becerra, exintegrante del extinto Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) —el equipo que capturó a Abimael Guzmán—, se declaró escéptico ante la noticia e hizo hincapié en la incineración del cuerpo.
“Si ha muerto, necesitamos más evidencia científica que demuestre que esta persona ha fallecido. Tiene que haber procesos, filmaciones. Ahora no se crema a una persona en un descampado; se hace con filmaciones, actas y médicos”, señaló.