A través de un megaoperativo desarrollado el último martes once, por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP), se incautó un amplio número de departamentos, autos, sedes universitarias y de institutos, avionetas, entre otros, en distintos puntos a nivel nacional.
Los bienes mencionados tenían en común a su dueño, el excongresista fujimorista (2011-2016) Joaquín Ramírez Gamarra.
El también exsecretario general del partido Fuerza Popular (FP), liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, es investigado actualmente por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude en la administración pública y desbalance patrimonial.
Tras diligencias realizadas en una primera fecha —estas continuaron por al menos dos días más— las autoridades realizaron una conferencia de prensa y brindaron algunos detalles puntuales sobre el expediente.
Se informó, por ejemplo, que se incautaron en ese primer día un estimado de 295 bienes valorizados en mil millones de dólares.
El ministro del Interior, Vicente Romero, fue el encargado de señalar dicha situación y de asegurar, algunos segundos antes, que la investigación que enfrenta Ramírez Gamarra es el segundo caso más grande por lavado de activos.
“Este tema es el más grande en el Perú con más de mil millones de dólares en un promedio de 295 bienes. De manera que esto nos va a dar la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de los ilícitos”, manifestó el titular del sector.
En este contexto, pudo conocerse que estas supuestas irregularidades acumularon, en beneficio de los Ramírez, un monto superior USD 183′000,000: dinero que al tipo de cambio arroja unos 680 millones de soles, según Hildebrandt en sus trece.
En esta línea, indica el citado medio, el ministro Romero erró al también afirmar que el caso de Ramírez Gamarra se sitúa —en gravedad— bajo el caso de Rodolfo Orellana; en el expediente de este último, de acuerdo a las estimaciones fiscales compartidas por la publicación, solo se encuentran contemplados unos 480 millones de soles.
Actualmente, el caso del exparlamentario de FP se conduce en el despacho del fiscal Wilson Salazar desde el año 2017.
Sin embargo, las indagaciones iniciaron tres años antes con la denuncia de Julia Príncipe, antes procuradora de Lavado de Activos, quien estimó que el alcalde de Cajamarca —desde mediados del año pasado— lavó dinero por una suma de siete millones de dólares.