Siete años antes de estar implicado en el segundo caso de lavado de activos más grande del Perú, Joaquín Ramírez (53) ―el empresario de pelo al rape, el actual alcalde de Cajamarca y el político allegado a Keiko Fujimori―, leyó un discurso ante la prensa en el que expuso parte de su biografía. Era la respuesta a un escándalo preliminar.
―Soy un cholo con plata― dijo entonces, en mayo de 2016― y, para algunos, un cholo con plata solo puede ser narcotraficante o corrupto.
Nació en Cajamarca en enero de 1970 y, cuando cumplió la mayoría de edad, empezó a trabajar como cobrador de micro durante al menos un año. Estudiaba por las noches en la Universidad Alas Peruanas (UAP), fundada por su tío Fidel Ramírez, donde se graduaría en Administración de Empresas.
Fue también vendedor de autos de segundo uso y, con 24 años, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, estableció su primera empresa de importación de vehículos, en la que invirtió 3.500 dólares de capital.
―Soy un cholo chambeador ―remarcó― y lo digo con orgullo. Según Punto Final, desde 1999 Joaquín Ramírez había fundado ocho compañías y figuraba como director, gerente general o apoderado de otras once.
Nueve firmas inmobiliarias y otras dedicadas a los hidrocarburos, a la informática, a la exportación y hasta al fútbol ―el club UTC―, figuraban en su lista de negocios, por los que dijo ganar 63 mil 800 soles mensuales.
Había olfateado la Política en 2011, cuando obtuvo una curul y devino en el legislador más votado en Cajamarca con la camiseta fujimorista. Dos años después, tomaría visibilidad en los medios por defender a Alberto Fujimori, quien realizó llamadas desde la cárcel. Con esas intervenciones se inmiscuyó en círculo más cercano de su heredera y asumió como representante legal y secretario general del partido.
Dos inmuebles donde despachó la tres veces candidata presidencial estaban a su nombre. Y también cursó millonarios aportes para sus últimas campañas: según reportes financieros entregados por Fuerza Popular a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contribuyó con un total de 317 mil 264,70 soles, entre aportes personales y a través de sus empresas.
De igual manera, su hermano Osías Ramírez, también congresista electo por Cajamarca, entregó 4 mil 292 soles a título personal y otro monto de una de sus compañías. En rigor, de acuerdo con un informe de Ojo Público, lo aportado por ambos hermanos y sus compañías fue un total de 435 mil 939,20 soles.
Investigación de la DEA
―Yo no soy parte de la gentita limeña. (...) Me han cuestionado que haya comprado un departamento en EE.UU. Sepan que el sistema americano investiga profundamente a los clientes cuando se trata de una persona públicamente expuesta por ser político. Tengo las pruebas.
En septiembre 2014, cinco meses después de que Joaquín Ramírez fuera nombrado secretario general de Fuerza Popular —y se constituyera en lo alto de la alta jerarquía partidaria después de Keiko Fujimori—, la Procuradora de Lavado de Activos alertó un desbalance patrimonial de al menos siete millones de dólares (entre 30 inmuebles, 34 automóviles y dos departamentos en Miami).
Su inmunidad parlamentaria retardó la incorporación en una investigación fiscal, abierta recién en 2016, ante otra acusación que llegó de Estados Unidos, donde el piloto comercial y excolaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Jesús Vásquez, había revelado que Ramírez recibió de Fujimori unos 15 millones de dólares íntegramente para lavarlos.
El piloto lo grabó, según su versión, a solicitud de la agencia estadounidense —cuya vocera, Anne Judith Lambert, confirmó en Cuarto Poder que existía una investigación “sumamente seria”―, aunque desligó de la pesquisa a la lideresa fujimorista. Fue entonces cuando, de pie ante un micrófono, Joaquín Ramírez leyó un discurso ante la prensa en el que expuso parte de su biografía.
Hoy, siete años después, elegido como burgomaestre de Cajamarca, su caso ha decantado en un megaoperativo de incautación de bienes en varios locales de la Universidad Alas Peruanas, institución no licenciada que, según la tesis fiscal, fue usada por él y su familia para hacer negocios con empresas fachada y obtener dinero ilícito que luego sostuvo las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016. El monto del lavado sería de 183 millones 66 mil 941 dólares.
El Ministerio Público le atribuye a Ramírez cuatro grandes cargos de lavado de activos: la “conversión del dinero maculado mediante aportes al capital social de las 22 personas jurídicas”, la transferencia de dinero blanqueado entre empresas de fachadas, la realización de actos de conversión mediante la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros entre julio de 2004 y marzo de 2018, y la compra de 22 bienes inmuebles y 2 bienes muebles entre 2002 y 2017, cuando “no podía contar con los suficientes recursos debido a sus incipientes ingresos lícitos”.
La diligencia se realizó de manera simultánea en tres distritos de Lima (San Isidro, Surco y Jesús María) y en Ica, donde las autoridades incautaron 295 bienes (entre siete aeronaves, varios edificios y vehículos) valorados en más de mil millones de dólares, una cifra sin precedentes en el país, de acuerdo con analistas políticos.
Para la lideresa naranja, actualmente investigada por el caso Cócteles ―sobre presunto lavado por aportes ilegales en las contiendas de 2011 y 2016―, es el segundo entramado en el que la involucra la Fiscalía.
En rigor, es señalada como integrante del brazo político de la red criminal junto con Pier Figari, su exasesor, con quien captaba “bienes ilícitos para obtener poder político” y “blindar” a la organización.
A través de un comunicado, la bancada naranja ha remarcado que Joaquín Ramírez “no es afiliado ni dirigente desde hace varios años”. También precisó “que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal” entre la tienda o sus dirigentes.
“Exhortamos a la presidenta [Dina] Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, se lee en la misiva.
Desde Palacio, la presidenta evadió la exigencia y señaló que el Ejecutivo será “respetuoso” de las instituciones estatales. “En consecuencia, no vamos a intervenir en absolutamente nada que tenga que ver el Poder Judicial o la Fiscalía”, anotó acompañada de su gabinete.
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