Hoy se inició la etapa de entrevistas para la elección del defensor del Pueblo en el Congreso de la República. Entre los postulantes que llegaron a esta instancia decisiva se encuentra el abogado Gastón Soto Vallenas, quien, al igual que su rival Jorge Riojas, también tuvo polémicas respuestas sobre asuntos que la comisión especial liderada por Idelso García (Alianza para el Progreso) le hizo.
El parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) le consultó a Soto Vallenas sobre su posición respecto a la posibilidad de que se pueda presentar denuncias constitucionales contra los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el Legislativo. Al respecto, el postulante respondió que esto es fáctible.
“Si nosotros estamos actuando correctamente, quién tenga que demandarnos, que nos demande. ¿Para qué necesitamos tener esa prerrogativa? En consecuencia, yo creo que independiente de que se modifique la norma, el Congreso no deja de tener razón, poderes y facultades para que, a un alto funcionario, llámese miembro del JNE, pueda ser sometido a un proceso investigatorio y finalmente a una acusación constitucional”, respondió.
De esta manera, si Soto Vallenas es el designado para la Defensoría del Pueblo, avalaría cualquier acción del Congreso contra el JNE. Recordemos que un fallo del Tribunal Constitucional (TC) dispuso que la representación nacional incluya a los miembros que imparten la justicia electoral en el artículo 99 de la Constitución para que sean sometidos a un juicio político si cometen alguna infracción constitucional.
Jorge Luis Salas Arenas, titular del JNE, rechazó el fallo del TC. “Quien obra con arreglo a ley no tiene temores”, dijo luego de participar en la juramentación de la titular del Jurado Electoral Especial de Lima, María de los Ángeles Álvarez, quien desempeñará la función en las elecciones municipales complementarias de este año.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso en el 2013 que no es acorde con los estándares internacionales el someter a los jueces a juicio político en el fuero parlamentario.
Según Salas Arenas, si un integrante del sistema electoral afronta un proceso político, pues entonces todo sería contrario a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observados en los procesos disciplinarios, de conformidad con el derecho internacional. “Se vive un momento difícil, en el que algunos actores políticos y medios de comunicación están persistiendo en una exhortación al Congreso”, enfatizó.
En esa línea, el JNE sacó un comunicado para respaldar lo dicho por Salas Arenas.
“Consideramos que se atenta contra los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo en la separación de poderes, independencia, autonomía e imparcialidad, que se permita a un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República, tenga la competencia para ejercer el control de decisiones que emiten organismos jurisdiccionales y electorales como el JNE”, señala al inicio del documento.
En otro momento, el JNE mencionó que resulta “inexacto” que la no inclusión de los miembros del tribunal para que sean pasibles de un juicio político por parte del Parlamento no significa que se promueva impunidad o no exista control. “Sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional y se mantiene la posibilidad de emplazar penalmente a sus miembros en caso se advierta la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, anotó.
La institución recordó que los miembros del JNE que provienen de la Corte Suprema y la Fiscalía pueden ser sometidos a un proceso disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Finalmente, el JNE también enfatizó el comunicado lanzado por la Defensoría del Pueblo que cuestionó la interpretación del TC que debilita las instituciones electorales al exponerlos a que sean sometidos a juicios políticos por parte del Parlamento.
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