Joaquín Ramírez vuelve a ser el centro de la noticia por las investigaciones del Ministerio Público en su contra y sus vínculos con la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Esta es señalada como brazo político de una red criminal integrada por el implicado, pero desde el partido naranja se ha publicado un comunicado en el que se niega dicha hipótesis y se pretende detener los comentarios en torno al mismo.
Tras el allanamiento e incautación de propiedades de Joaquín Ramírez, Fuerza Popular se dirigió a la opinión pública para señalar que su exsecretario general “no es afiliado ni dirigente del partido desde hace varios años. Asimismo, precisamos que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal respecto de nuestro partido o dirigentes”. Lo cierto es que la información que se maneja forma parte de un tesis fiscal.
El párrafo que llamó más la atención fue aquel en el que se menciona a la presidenta Dina Boluarte. A ella se le exhorta a “que instruya a sus ministros y estos eviten participar de conferencias de prensa sobre las investigaciones judiciales en curso”. De repetirse, indica el comunicado, podría entenderse como la existencia de un interés político por parte del gobierno “y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”.
Tras los operativos del último lunes, el ministro del Interior, Vicente Romero, participó de una rueda de prensa en la que indicó que el proceso contra Joaquín Ramírez solo se compara con el caso del empresario Rodolfo Orellana. “Después del caso Orellana, este es el más grande en el Perú en tema de lavado de activos”, señaló para luego destacar que se incautaron más de mil millones de dólares.
" Esto nos da a entender la dimensión cómo se esconde el dinero a través de lavado de activos”, agregó en conversación con los medios de comunicación. Las declaraciones del titular del MININTER se dieron dado que la Policía Nacional trabajó junto al Ministerio Público en el desarrollo de la incautación. El operativo se realizó de manera simultánea en tres distritos de Lima (San Isidro, Surco y Jesús María), así como en Ica.
Fujimori implicada
El Ministerio Público sigue el rastro de la organización liderada por Fidel Ramírez, tío del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. La excandidata presidencial, Keiko Fujimori, es señalada por el presunto brazo político de la red criminal. Junto a su exasesor, Pier Figari, se habría intentos captar bienes ilícitos para obtener poder político y brindar organizaciones en agravio de la Universidad Alas Peruanas.
Joaquín Ramírez, Osías Ramírez, Rosa Castañeda, Luisa Gamarra de Ramírez, Edmon Jordan Montes, Harold Morales, Marcos Aponte, Maribel Ramírez, Marco Antonio Urteaga, Nancy Gallegos de Vela, Nancy Ramírez Gallegos y Yohny Ramírez habrían sido parte del brazo comercial de la organización y estaban encargados de instrumentalizar empresas fachada para conseguir ganancias ilícitas.
El Ministerio Público ha señalado que ese caso es el segundo más de lavado de activos en el Perú. Para la lideresa naranja, actualmente investigada por el caso Cócteles ―sobre presunto lavado por aportes ilegales en las contiendas de 2011 y 2016―, es el segundo mega caso en el que la involucra el Ministerio Público. Desde el Ministerio Público se ha insistido en varias ocasiones con concretar la prisión preventiva contra la excandidata presidencial.
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