Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular y tres veces candidata presidencial, ha sido implicada por el Ministerio Público en una organización criminal liderada por Fidel Ramírez, tío del excongresista Joaquín Ramírez, contra quien se ejecutó este martes un megaoperativo de incautación de bienes por presunto lavado de activos.
Fujimori es señalada por la Fiscalía como integrante del brazo político de la red criminal junto con Pier Figari, su exasesor, con quien captaba “bienes ilícitos para obtener poder político” y “blindar” a la organización en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado.
Por este caso se han incautado 214 inmuebles en nueve regiones del país y hay otros 14 imputados. En el brazo dirigencial, que tenía como trabajo instrumentalizar a la UAP para la comisión de actos fraudulentos, el Ministerio Público ubica a Nancy Ramírez Gallegos y Maribel Ramírez Gallegos.
Y en el brazo comercial, encargado de instrumentalizar empresas de fachada para obtener ganancias ilícitas, menciona a la gran familia: Joaquín Ramírez, Osías Ramírez, Rosa Castañeda, Luisa Gamarra de Ramírez, Edmon Jordan Montes, Harold Morales, Marcos Aponte, Maribel Ramírez, Marco Antonio Urteaga, Nancy Gallegos de Vela, Nancy Ramírez Gallegos y Yohny Ramírez.
Según la Fiscalía, el excongresista de Fuerza Popular (2011-2016) —elegido como alcalde provincial de Cajamarca el año pasado— había financiado la campaña electoral de Fujimori, en 2016, con fondos de la universidad fundada por su tío.
En rigor, el acaudalado empresario hizo uso de préstamos otorgados por la institución para una serie de empresas suyas de importación, construcción e inmobiliarias por más de ocho millones de soles, un monto que ingresó presuntamente a la bolsa de la lideresa naranja.
Las investigaciones empezaron en 2014 por la compra de dos inmuebles que fueron usados en la campaña electoral del 2011 y en una organización sin fines de lucro dirigida por la excandidata en Lima.
Para el Ministerio del Interior, se trata del segundo caso más grande de lavado de activos en Perú tras el escándalo Orellana, que implicó al empresario Rodolfo Orellana, ahora encarcelado, y que desentrañó una poderosa red criminal extendida por casi todo el país, con casi 80 involucrados en 112 hechos de lavado de activos.
Para la lideresa naranja, actualmente investigada por el caso Cócteles ―sobre presunto lavado por aportes ilegales en las contiendas de 2011 y 2016―, es también el segundo entramado en el que la involucra el Ministerio Público.
Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, además de los 3,65 millones de dólares de Credicorp. La acusación fiscal se formuló, además, por la presunta comisión de crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En junio pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la Fiscalía para que se ordenara el regreso a prisión preventiva de Fujimori, quien ya cumplió un primer período de prisión preventiva desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación en noviembre de 2019.
Sin embargo, en enero de 2020 el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo de ese año, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.
La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) abandonó la prisión en el momento más crítico de la pandemia, luego de que denunciara el riesgo de contraer la enfermedad al igual que las presas que permanecían en la hacinada cárcel de mujeres. Ahora vuelve a estar cercada por las pesquisas fiscales.
A través de un comunicado, la bancada naranja ha remarcado que Joaquín Ramírez “no es afiliado ni dirigente desde hace varios años”. También precisó “que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal” entre la tienda o sus dirigentes.
“Exhortamos a la presidenta [Dina] Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, finalizó la misiva.
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