El ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó este martes que el operativo de incautación de bienes contra el alcalde de Cajamarca y exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha desentrañado el segundo “caso más grande de lavado de activos” en el Perú.
En una rueda de prensa, Romero indicó que esta investigación solo es comparada con el caso Orellana, que implicó al empresario Rodolfo Orellana, ahora encarcelado, y descubrió una poderosa red criminal extendida por casi todo el país, con casi 80 involucrados en 112 hechos de lavado de activos.
“Después del caso Orellana, este es el más grande en el Perú en tema de lavado de activos. Más de mil millones de dólares se va a incautar en un promedio de 295 bienes, edificios, vehículos, aeronaves, simulador e inmuebles. Esto nos da a entender la dimensión cómo se esconde el dinero a través de lavado de activos”, señaló.
Según el titular de la cartera, los resultados del operativo han mostrado “la efectividad y profesionalidad” de la Policía Nacional y la Fiscalía para enfrentar al crimen organizado.
El operativo se realizó de manera simultánea en tres distritos de Lima (San Isidro, Surco y Jesús María), así como en Ica, donde las autoridades incautaron siete aeronaves, propiedad del investigado, en un aeródromo que funcionaba como un “centro de capacitación de pilotos”.
La diligencia, en la que participaron una cuarentena de representantes del Ministerio Público y decenas de efectivos policiales, también se realizó con allanamiento de bienes diversos en la universidad Alas Peruanas, que no cuenta con reconocimiento oficial.
Además, abarcó otros inmuebles vinculados a los 14 investigados, entre ellos Ramírez, quien fue congresista por el partido Fuerza Popular entre 2011 y 2016. Durante este periodo, la Fiscalía le abrió una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, aunque luego la acusación cambió a lavado de activos.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Ramírez habría financiado con dinero ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, cuando cayó en las urnas ante Pedro Pablo Kuczynski.
El acaudalado empresario hizo uso de préstamos otorgados por la universidad para una serie de empresas suyas de importación, construcción e inmobiliarias por más de ocho millones de soles (dos millones de dólares), que ingresaron presuntamente a los fondos de la campaña de Fujimori, según la Fiscalía.
No obstante, las investigaciones contra Ramírez empezaron en 2014 por la compra de dos inmuebles que fueron usados en la campaña de Fujimori del 2011 y en una organización sin fines de lucro dirigida por la excandidata en Lima.
La política de la bancada naranja es investigada por presuntos aportes ilegales recibidos en sus últimas campañas de una serie de empresas, entre las que figura la constructora brasileña Odebrecht y grandes corporaciones peruanas.
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