La situación legal de los exministros de Pedro Castillo se complica. Desde la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se ha pedido prisión preventiva por 18 meses para Betssy Chávez (expremier, exministra de Trabajo y exministra de Cultura), Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior y Turismo).
“Esta medida corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración”, señaló el Ministerio Público con relación a su participación al golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Cabe recordar que los tres estaban en Palacio de Gobierno cuando el expresidente intentó quebrar el orden constitucional el pasado 7 de diciembre.
El último 6 de abril el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial procedió con la formalización de la investigación preparatoria contra los tres exministros por presuntamente haber participado del fallido golpe de Estado. Estos son procesados por los delitos contra los poderes del Estado y orden constitucional - rebelión y contra los poderes del Estado y el orden constitucional - conspiración.
Mientras el Poder Judicial decide si respalda o no el pedido de la Fiscalía sobre la prisión preventiva de Chávez, Huerta y Sánchez, se procederá con la investigación, la misma que durará ocho meses al tratarse de un caso complejo. Por su parte, el expresidente Pedro Castillo ya cumple 18 meses de prisión preventiva por el mismo caso. Este también cumple otro mandato de 36 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata-Petroperú-Ministerio de Vivienda.
Niega delito
La expresidenta del Consejo de Ministros ha negado en todo momento que haya cometido algún delito el último 7 de diciembre. Al igual que figuras como Roberto Sánchez niega que dicho día se haya cometido rebelión ya que el golpe de Estado no se concretó y no hubo alzamiento en armas. La misma postura ha sido repetida en varias ocasiones por la defensa legal del expresidente Pedro Castillo.
“De ninguna forma, quien habla, va a aceptar que me digan que me he rebelado al Estado peruano y que me he alzado en armas, cuando eso no es cierto”, declaró añadiendo que ella no tiene ninguna intención de dejar el país o pedir asilo político. Además se ha presentado como una de las principales interesadas en que las investigaciones en curso puedan llegar a un conclusión sobre lo ocurrido.
“Yo he presentado mi pasaporte diplomático antes de que me lo solicitaran, yo misma he pedido mi impedimento de salida, yo a pesar de que conozco muchos embajadores no he visitado ninguna embajada, Nunca ha sido mi intención salir del país, sino, por el contrario, ayudar a toda la investigación (...) yo me opongo a la tesis fiscales porque no es la corriente que se debe seguir, pero siempre he sido respetuosa de la institucionalidad”, indicó.
Cabe recordar que a inicios de marzo se solicitó emitir una alerta de movimiento migratorio contra Betssy Chávez y Aníbal Torres ante un posible riesgo de fuga. Esto a partir de un pedido de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. La solicitud fue presentada luego de un video que confirmaría la participación de la expremier en las coordinaciones para que Pedro Castillo de el golpe de Estado en diciembre del 2023.
“Mediante un video difundido en el programa dominical Panorama se observan las imágenes del siete de diciembre del año 2022, donde se aprecia las personas que se encontraban en Palacio de Gobierno al momento del mensaje a la nación y el rol que ocupó cada uno en este nefasto hecho”, puntualizó Chirinos en el oficio dirigido al Superintendente Nacional de Migraciones, Armando García Chunga.