Un nuevo escándalo sumerge a la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Ahora se trata de un informe de la Contraloría General de la República que habría encontrado irregularidades en el manejo en el Sistema Metropolitano de La Solidaridad (Sisol).
En el documento se indica que realizaron una inspección entre 5 de enero al 16 de febrero de este año. Como conclusión encontraron hasta cinco “situaciones adversas que afectan o podrían tener injerencia en la continuidad de procesos internos”.
La entidad fiscalizadora halló que un monto equivalente a S/12.027,50 fue gastado sin que se rinda cuenta alguna por parte de las autoridades del Sisol. También pudieron constatar que hubo otorgamiento de fondos públicos a funcionarios y recibos emitidos sin autorización de la gerencia de administración y finanzas.
En su informe, la Contraloría cita la resolución de gerencia de administración y finanzas n.° 001-2021-GAF-SISOL/MML que establece claramente que el dinero de la caja chica consiste en los recortes por alimentación en reuniones de trabajo y para quienes laboran pasadas las 8.00 p. m., además de movilidad local, entre otros.
Adicionalmente, el numeral 7.3.3 de la directiva de administración de la caja chica de Sisol establece que de manera excepcional y con autorización del gerente de área, los trabajadores tienen derecho a exigir el pago de movilidad y comida (hasta 25 soles) si ofician después de las ocho de la noche.
En relación a estos dos puntos, el Hospital de la Solidaridad incumplió con registrar la hora de salida, destino y motivo del traslado para los gastos en transporte de los trabajadores el 9 de enero pasado. Además, se hicieron consumos hechos antes de la hora estipulada y sin rendición de cuentas en el respaldar del comprobante de pago.
La Contraloría encontró que los participantes que ingirieron insumos durante reuniones de trabajo e incluso se repiten listas de personas para la comida grupal en fechas distintas.
Por otro ello, se debió presentar la rendición de cuentas para sustentar los gastos por S/12,027.50. Sin embargo, 22 funcionarios de Sisol decidieron no hacerlo.
Cinco de ellos todavía lo incumplen. El resto rindió hasta con 32 días de demora, como es el caso de Amador Hildebrando Villanueva Espinoza, de la gerencia de servicios de salud.
Promesa incumplida
Durante la campaña para la alcaldía de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, aún como candidato por Renovación Popular, fue uno de los más feroces críticos de los peajes. Tras conocerse los resultados que lo daban como ganador en las votaciones, prometió que los contratos que dan luz verde a estos cobros serían anulados, sino cumplían con los pedidos en beneficio de la población.
“Ya me he sentado con ellos (operadores) y les dije: ‘O ustedes bajan el peaje al contrato original a S/ 3, me hacen vías alternas para la gente que vive, por ejemplo, en Puente Piedra, terminan la Prialé 2 y Canta Callao (para descongestionar Lima Norte), me hacen el tercer piso de Javier Prado hasta Villa el Salvador. Me hacen todas esas obras o declaramos nulo el contrato”, dijo a radio Exitosa, el pasado 4 de octubre de 2022.
Sin embargo, López Aliaga no cumplió su promesa de anular los peajes. “Es un abuso, afecta a todos. La promesa de campaña de ‘Porky’, ¿dónde está?”, fue uno de los reclamos registrados por el noticiero América TV, al preguntar a los conductores por el incremento de la tarifa del peaje.
“Pésimo, pésimo, pésimo. Ya estábamos encima con lo de S/ 6,30 y ahora S/ 6,60 es un abuso”, afirmó otro indignado ciudadano al volante. Uno de los consultados responsabilizó al fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y a la burgomaestre Susana Villarán por haber “avalado” estos “contratos abusivos”.