Congresistas que recorten sueldos a trabajadores podrían recibir una pena de ocho años de prisión

En las últimas semanas se han revelado denuncias de congresistas de la República que estarían recortando los sueldos de los trabajadores de sus despachos. Sin embargo, esta práctica, aparte de ser cuestionable en lo ético, también podría desencadenar en graves sanciones penales para todos los involucrados.

La presidenta de la Corte de Lima Este, Rose Mary Parra, señaló que que el Estado cuenta con políticas anti soborno para proteger a trabajadores que desean denunciar este tipo de hechos que podrían tener una condena entre dos y ocho años de prisión efectiva. “La Ley no hace una precisión de que la pena se agrava si el que comete el delito de concusión es un alto o mediano funcionario”, destacó la magistrada.

“Las entidades del Estado cuentan con políticas antisobornos o políticas anticorrupción para que el trabajador pueda presentar sus denuncias anónimas o encubiertas para que, así, a los funcionarios se les inicie los procesos correspondientes”, agregó Parra en un video difundido por el Poder Judicial en sus redes sociales.

Además, la magistrada de la Corte de Lima Este advirtió también que los funcionarios del área de Recursos Humanos que contratan a personal que no cumplen con el perfil solicitado por la entidad del Estado también serían pasible de responsabilidad penal porque estarían cometiendo un delito.

“El jefe del área puede solicitar o pedir el contrato de un trabajador, pero si este no cumple con el perfil establecido quien debe velar por que no se ejecute la contratación es el funcionario o el gerente del área de recursos humanos, en caso contrario, la sanción estará dirigida directamente a ellos”, anotó.

La legisladora Magaly Ruiz fue acusada de haber recortado el sueldo a sus trabajadores por intermedio de uno de sus asesores de confianza, según Punto Final.

Carlos Marina Puscan denunció que Jhonny Romero Nima les pedía el aporte con la finalidad de ayudar a las personas más vulnerables. No obstante, luego se habría dado cuenta de que esta suma de dinero llegarían a manos de la parlamentaria.

Ruiz lo negó y decidió despedir a su asesor, pero la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar. Por su parte, APP decidió retirarla de la Comisión de Ética y la legisladora pidió licencia en su partido.

La parlamentaria Rosío Torres también se vio involucrada en estas aportaciones que eran transferidas a su sobrino.

Al menos cinco extrabajadores y trabajadores lo realizaban, aunque algunos dicen no saber el motivo y prefieren que la consulta sea directa para Juan Daniel Pérez Guerra. Ante el interrogatorio a la parlamentaria, ella desconoció los hechos sin imaginar que estaba siendo grabada de otros ángulos.

Rosío Torres ingresó un poco nerviosa al hemiciclo y en su equipo móvil digitó el nombre de su sobrino. Inmediatamente, borró todo tipo de conversación y revelaba que tenía a un “enemigo” dentro de su equipo. Al final, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de concusión y la Comisión de Ética abriría una indagación de oficio este lunes.

Finalmente está el caso de la congresista Heidy Juárez (Podemos), quien también fue acusada de recortar los sueldos a sus trabajadores mediante su asesor Miguel Chafloque. Los trabajadores de su oficina señalaron que entregaban cantidades de S/200, S/300 y hasta S/1000 del dinero de sus sueldos.