Alejandro Toledo: ¿Cómo y en qué condiciones se realizará su extradición tras una decisión favorable de EE.UU.?

Dos órdenes de prisión preventiva -de 18 meses cada una- le esperan al expresidente Alejandro Toledo cuando pise suelo peruano. Ambas medidas se harán efectivas cuando este arribe al país.

El proceso de extradición del antes líder de Perú Posible, entorpecido por los múltiples recursos que presentó su defensa legal, llega a su fin tras seis largos años de espera y el rechazo de un habeas corpus en la Corte de California.

Alejandro Toledo debía presentarse voluntariamente ante las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.), país al que viajó tras conocer -debido a una fuga de información- que lo encarcelarían, el último viernes siete de abril; sin embargo, su caso sufrió un nuevo revés luego que un tribunal suspendiera su entrega por catorce días.

Pese a esta situación, tanto la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, como su exhomóloga, Katherine Ampuero, han coincidido en que la extradición será inevitable.

Más adelante, tras determinarse que Alejandro Toledo será finalmente entregado a la justicia nacional, un equipo de autoridades peruanas viajará a EE.UU. para realizar un seguimiento del caso.

La exprocuradora Katherine Ampuero detalló a Infobae que primero deberá disponerse el arresto y eventual detención del exmandatario en dicho país, continuando con el procedimiento, para que este grupo se traslade al territorio norteamericano.

Esto responde, fundamentalmente, a que el Ministerio Público no forma parte del proceso de extradición; es decir, no acudirá a instancias estadounidenses para oralizar alguna posición del Estado peruano u otras medidas similares.

“La Fiscalía lo que hace es un seguimiento donde coordina con su par allá, que es la Fiscalía -llamémoslo así- de Estados Unidos. En ese sentido, le proporciona información o hacen coordinaciones para que se defienda allá la extradición que estamos solicitando”, indicó Ampuero.

Por otro lado, se espera que dicha comitiva esté integrada por representantes del Ministerio Público, agentes de la Interpol -según declaraciones de la procuradora Carrión- e incluso funcionarios del Ejecutivo.

En este sentido, Ampuero Meza no descartó que el fiscal Rafael Vela, Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, pueda formar parte de este grupo.

“Ya anteriormente [el fiscal Vela] había viajado para ver la extradición de Toledo. Probablemente, sean ellos los que viajen. Esto dependerá de la Fiscalía, en realidad, aquí quien asume la defensa son las propias autoridades norteamericanas”, puntualizó.

Por ahora, empieza una cuenta de regresiva, de catorce días, donde el juez del caso se pronunciará sobre la reconsideración -recurso ya presentado por Toledo- en este proceso.

Una vez se adopten las decisiones correspondientes a favor de la extradición -situación más que probable en opinión de la abogada- el equipo peruano “viajará a concretar y ultimar los detalles para la entrega y, finalmente, coordinar cómo será la conducción [del exdignatario] a nuestro país”.

De acuerdo a información de la Procuraduría y el Ministerio Público, Toledo Manrique sería trasladado en un vuelo comercial.

Ampuero enfatizó que si bien el proceso de extradición se realiza por el Caso Interoceánica (tramos dos y tres), esta “no es la única obra en la cual [Alejandro Toledo] tiene información de hechos de corrupción”.

En este sentido, la exprocuradora recordó al denominado ‘Club de la construcción’; este grupo operó entre los años 2011 y 2014, de acuerdo con el Ministerio Público, y tenía como modus operandi obtener la buena pro de distintos megaproyectos a través de sobornos a funcionarios estatales.

“La Interoceánica no ha sido la única obra que se ha firmado durante su gobierno [de Alejandro Toledo]. Se firmaron muchos contratos (...) [también] con empresas que formaron parte del ‘Club de la construcción’”, sostuvo.

Agregó, además, “a partir de la llegada del expresidente se van a abrir muchas líneas de investigación contra empresas, empresarios y funcionarios que, tal vez, continúan dentro de la administración pública”.