La violencia que las niñas, adolescentes y mujeres padecen día a día va en ascenso. Los ataques contra ellas son ejecutados con mayor crueldad y ensañamiento en los últimos años, tal como lo evidencian los casos de una menor de apenas 11 años torturada gravemente tras evitar que su agresor la viole y una joven de 18 que fue quemada viva por su expareja en plena vía pública, así como el de una joven enfermera que fue violada y mutilada. A pesar del avance sostenido de las graves agresiones físicas y sexuales, el aparato de justicia no está capacitado ni tiene los recursos para responder adecuadamente, de acuerdo a especialistas. ¿Cuántas vidas cobra la inoperancia del Estado?
Uno de los grandes problemas es la asignación de presupuesto, que aún resulta reducido. Expertas en temas de violencia de género advierten que las normas y planes contra la violencia hacia las mujeres ya contienen disposiciones internas para que se contemple una adecuada asignación monetaria, a fin de que se puedan cumplir y ejecutar. Desde su creación, en el 2018, la propia Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (30364) advierte sobre la obligación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de dar los recursos necesarios para su implementación.
La investigación “Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género. Entre legados e innovaciones”, de Stéphanie Rousseau, Eduardo Dargent y Aurora Escudero, promovida por el CIES y publicada en el 2019, advierte que aunque hay un incremento de comisarías y Centros de Emergencia Mujer (CEM) en los últimos años, estos aún se reportan recursos y personal insuficientes. Según el estudio, este panorama se presenta debido a que la lucha contra este flagelo presenta una baja prioridad estatal.
Falta de personal, recursos y capacitaciones
Desde que el primer Centro de Emergencia Mujer (CEM) fue creado el 8 de marzo de 1999 el crecimiento de la implementación de estos sitios ha ido cuesta arriba, pero aún hay muchas trabas que arrastran y padecen, lo cual dificulta el acceso a justicia de las víctimas de violencia. En el año del establecimiento de este servicio especializado apenas existían 13. Entre sus funciones más importantes están la orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y apoyo social.
Ya al finalizar el año 2018, año en el que se fortalecieron las políticas contra la violencia de género, todas las provincias del país contaban con por lo menos un CEM, pues se contaba con 346 y se iniciaba con la estrategia de la implementación de estos espacios al interior de las comisarías.
Pese a este crecimiento sostenido, los investigadores Stéphanie Rousseau, Eduardo Dargent y Aurora Escudero identificaron que la cobertura por distrito todavía mostraba gran desigualdad. Incluso Lima solo tenía el 26% de distritos con estos servicios y el panorama más grave los tenía Amazonas y Huancavelica, con apenas el 8% y actualmente ambas regiones son dos de las que tienen menos de 10 CEM.
“Hay zonas donde la incidencia de violencia es muy alta y que cuentan con considerable menor presencia estatal”, alertan los autores. Esa es la situación de Oventeni, el centro poblado de Ucayali donde fue atacada la menor de 11 años.
Al día de hoy el Estado ha puesto a disposición de las víctimas de violencia, mujeres e integrantes del grupo familiar, un total de 430 establecimientos de este tipo.
Aún así, hay una serie de deficiencias que perjudica a las usuarias, como atenciones con personal especializado incompleto, falta de capacitaciones y reducir la alta rotación de profesionales en puestos clave.
Además, con el incremento de las denuncias por violencia deben enfrentar una gran demanda con personal incompleto y que no se da abasto con todos los casos.
“El tema es la demanda y el número de profesionales. Hay todavía un tema logístico. Y lo comentamos entre nosotros. Temas de tratamiento. Los centros de salud (Medicina Legal) están desbordados. Hay algo bien importante aquí. Las personas requieren un seguimiento. Tratamiento. Eso no hay. Y puede ser muy grave”, indicó un profesional del CEM para el estudio “Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género”.
A ello hay que sumarle que los CEM regulares solo atienden en horario de oficina, de 8.00 a. m. a 5 p. m. y estos son los establecimientos que predominan en el país, pues aunque se ha tomado en cuenta la implementación de oficinas que funcionen las 24 horas durante los siete días de la semana, menos de diez funcionan bajo esta dinámica, según advierte la Defensoría del Pueblo. Ello resulta problemático, puesto que la mayoría de CEM funciona bajo la modalidad regular. En cambio, aquellos servicios que se ofrecen dentro de las comisarías sí atienden a las usuarias sin descanso y apenas uno se halla dentro de un centro de salud, a pesar de que el primer intento de búsqueda de ayuda para una víctima se realiza en un establecimiento sanitario, a donde llegan para atender sus lesiones.
Y, además, desde fines del 2021 no se ha implementado ningún CEM, según el registro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Ante ello, la investigadora Stéphanie Rousseau señala la imperiosa necesidad de incrementar los recursos humanos, ante la alta demanda de estos servicios especializados.
“Los CEM cuentan con muy poco personal. Cada uno tiene, en promedio, un abogado o abogada, un psicólogo y un trabajador social. Y hay muchísima demanda por la atención de los CEM, de la misma manera en las comisarías y en los juzgados. Realmente hay un nivel de saturación, no se dan abasto y esto también significa, obviamente, un nivel de de agotamiento del personal que puede incluso causar incluso problemas de salud mental y, a la vez, deriva que la atención no sea la más adecuada para personas que son víctimas y que han vivido situaciones muy difíciles, muy muy dolorosas. Un gran problema que encontramos es justamente esta paradoja de que al mejorar el sistema se generan más denuncias”, explica Rousseau.
Aunque existe un buen número de Centros de Emergencia Mujer, muchas víctimas, sobre todo en zonas rurales, aún acuden a las comisarías especializadas de familia, donde también atienden casos de violencia. Pese a ello y a la implementación de CEMs dentro de estos establecimientos policiales, la medida no ha derivado en el aumento de recursos económicos.
Sistema de justicia saturado
Las mujeres también enfrentan el déficit de Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, pues apenas existen ocho, pese a que ya pasaron cinco años desde que se crearon.
Estos espacios son importantes, ya que a diferencia de las fiscalías comunes, sus funcionarios cuentan con conocimientos en materia de violencia de género y pueden investigar con mayor pertinencia y respeto hacia las víctimas.
Por ello, la Defensoría del Pueblo alerta que hasta la fecha no se ha implementado adecuadamente el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), en el que, a la fecha, ya que solo se cuenta con ocho distritos judiciales especializados de los 34 proyectados para diciembre de 2022. Es decir, no han llegado ni al 25% de la meta.
Vale precisar que los servicios especializados que brinda el SNEJ incluye la asistencia jurídica y social, a través del Centro Emergencia Mujer y también la activación del proceso especial para la protección y sanción, con la intervención de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial.
Así, ante la ola de violencia que padecen las mujeres en el Perú, incluso desde muy temprana edad, la Defensoría llama la atención sobre la urgente culminación de la reestructuración de los servicios que las atienden y contienen, como los CEM, las Demuna y las UPE. También piden involucrar en esta labor a gobiernos regionales y locales, a fin de las políticas públicas de prevención y lucha contra este problema social.
“No ha habido mayor comunicación respecto al tema de la reestructuración del Programa Aurora porque incluso se estaba pidiendo aportes de los demás sectores y de la sociedad civil, pero ya no se ha vuelto a hablar, no ha habido algún informe o algún reporte de cómo está la situación de esta reestructuración”, advierte Erika Anchante.
Mientras el silencio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) no permite conocer la situación de dichos cambios, la cifra de agresiones físicas, sexuales e incluso feminicidios y tentativas no logra una reducción significativa.