La Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) negó haber “retirado, anulado o suprimido información sobre los grados académicos” de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuyas tesis de maestría y doctorado se encuentran desaparecidas, según la Universidad Alas Peruanas (UAP), la casa de estudios que las evaluó.
“El Registro Nacional de Grados y Títulos ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos a través de la transparencia de la información (...), razón por la cual no se pueden borrar o modificar los datos que contienen la discreción o por decisión unilateral de cualquier servidor o funcionario”, señaló el organismo en un comunicado difundido este jueves en Twitter.
El comunicado de Sunedu llega la misma semana en que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la UAP por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad al no entregar la tesis doctoral de Benavides, fundamental para llegar a presidir el Ministerio Público.
La institución ha admitido que los documentos académicos están desaparecidos, pues por esos años ninguna universidad estaba en la obligación de tener un repositorio. Contactado por Hildebrandt en sus Trece, un exdirector señaló que esta versión es “imposible”, pues en ese período cada tesista estaba obligado a dejar dos copias y entregar otra a cada miembro que evaluaba la sustentación.
“Hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder localizar la tesis y no la hemos localizado. (...) debe existir, pero en todo caso podrías pedírsela a la propia fiscal”, indicó al semanario el secretario general de la UAP, Ilko Rogovich.
Luego de estas declaraciones, el presidente del jurado, Willy Ramírez, el secretario del mismo, Gustavo Mejía, y el integrante Juan Carlos Adriazola dijeron no recordar la sustentación que hizo Benavides, aunque después reconsideraron la versión.
Su última aparición fue para anunciar la creación de un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo pasados.
La magistrada, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, también es acusada de presuntas irregularidades en los cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; y de usar su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
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