Rosío Torres deberá enfrentarse a la justicia luego de que un grupo de trabajadores de su despacho revelara que sus sueldos habían sido recortados por la propia congresista. Desde la Procuraduría General de la República, Daniel Soria Luján, indicó que su oficina ya había presentado una denuncia contra la parlamentaria por el delito de concusión. El texto habría sido enviado a la Fiscalía de la Nación.
La denuncia habría sido motivada por los indicios de que Torres habría pedido a sus asesores y miembros del despacho que recorten sus sueldos a través de su sobrino. Sobre el delito cometido, Soria recalcó que la concusión “se presenta cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otros, un bien o beneficio patrimonial”.
La ley señala que dicho delito debe pagarse con cárcel y en el caso de la congresista Rosío Torres podría darse una pena no menos de dos ni más de ocho años de pena privativa de la libertad. Soria indicó que está en manos del Ministerio Público iniciar una investigación preliminar, hecho que efectivamente ha sucedido en el transcurrir del día.
“Esto porque los congresistas, siendo altos funcionarios, al cometer un delito en ejercicio de sus funciones tienen la prerrogativa de la acusación constitucional. Luego de esto continúa la investigación en la Fiscalía que puede acabar con una acusación ante la Corte Suprema”, enfatizó Daniel Soria.
Desde sus redes sociales, el Ministerio Público ha confirmado el inicio de una investigación preliminar contra Torres, integrante de Alianza para el Progreso y representante de Loreto. Según informó la entidad, la legisladora es presunta autora del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho.
Congresista expulsada
La legisladora viene siendo cuestionada por presuntamente haber recortado el sueldo a su grupo de colaboradores. Entre las voces más críticas se encuentra la de César Acuña, líder del partido por el que fue elegida, Alianza para el Progreso. Este no tuvo reparos en instar a las autoridades a iniciar las investigaciones respectivas e invitar a la Comisión de Ética del Congreso a atender el caso.
“Por eso yo invoco a la Comisión de Ética a que no la blinden, ni a ningún congresista. Invoco al Congreso de la República que está en sus manos para sancionarla. Y, también, invoco a la Fiscalía para que ponga todo el peso de la ley para este tipo de personas que cometen actos de corrupción”, dijo el gobernador regiones de La libertad. Este no dudó en señalar que aquellos señalados como corruptos “tienen un lugar llamado cárcel”.
El excandidato presidencial cuestionó el accionar de la integrante de su bancada y anunció su pronta expulsión. Asimismo, un comunicado del grupo parlamentario anunció que se pedirá a la congresista aclarar las acusaciones en su contra, por lo que se organizará una reunión para oír sus descargos. “A efectos de garantizar la independencia en las investigaciones, procederemos con el cambio de la congresista Torres de la Comisión de Ética Parlamentaria”, anunció APP.