La situación legal de la congresista Rosío Torres se complica cada vez más. La Fiscalía de la Nación acudió hoy a la sede del Parlamento para recabar información que sirva en la investigación preliminar que se le sigue a la exintegrante de la bancada de Alianza para el Progreso por el presunto delito de concusión.
La indagación contra Torres Salinas inició a partir de la denuncia que apareció en el programa Punto Final el domingo pasado. Allí se informó que el sobrino de la legisladora, identificado como Daniel Pérez Guerra, se habría encargado de cobrar una parte de los salarios de los trabajadores de sus despacho. Al menos cinco accedieron a este pedido.
Cecilia Salazar Mattos, quien era asesora nivel II desde julio de 2021 a agosto de 2022, fue la primera en realizar diez transferencias bancarias de más de S/ 24 000 a la cuenta del sobrino de la congresista Torres. El siguiente fue Jesús Sierra Tapia, asesor principal de la parlamentaria, que dio una suma de S/4.400 en junio del año pasado.
Abigail García Díaz, exauxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también habría realizado un deposito de S/ 2 000 a la cuenta del sobrino de la congresista Torres. Finalmente, César Macedo Von Bancels, asistente del despacho de la parlamentaria y fotógrafo oficial, y Estefanía Calvo Zúñiga, habrían transferido las sumas de S/ 1 000 y S/ 2 000 de manera mensual.
Sabía cobros
El asunto se vuelve más grave debido a que la congresista Rosío Torres habría tenido conocimiento del accionar de su sobrino con sus trabajadores. Es así que el programa Punto Final captó con ella conversarba con su pariente por WhatsApp. Llegó al hemiciclo, se sentó en su escaño, agarró su celular y borró todo el historial de la conversación.
El 29 de marzo, la parlamentaria Torres y su sobrino hablaron. Ahí le indica que detrás de estas revelaciones se encuentra un trabajador. “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina”, escribió.
Además, no dudó dar un nombre de quién habría brindado información de estos actos ilícitos que podría haber cometido la parlamentaria. “Es la Nataly”, afirmó.
Tras el escándalo, la bancada de Alianza para el Progreso anunció que le solicitaría a la congresista Torres que brinde una explicación sobre este acto irregular. Además, agregaron que se le retiraba de la Comisión de Ética por ser integrante titular.
Debido a que la ola de cuestionamientos avanzaba, la Procuradoría General del Estado presentó una denuncia por el presunto delito de concusión ante la Fiscalía contra Torres Salinas.
Luego vino la reacción de César Acuña, líder de APP y gobernador regional de La Libertad, que instó a las autoridades a que investiguen a la congresista Torres.
“Por eso yo invoco a la Comisión de Ética que no la blinden, ni a ningún congresista. Invoco al Congreso de la República que está en sus manos para sancionarla. Y, también, invoco a la Fiscalía para que ponga todo el peso de la ley para este tipo de personas que cometen actos de corrupción”, dijo.
En conversación con Canal N, reveló que Torres será expulsada de Alianza para el Progreso “porque no vamos a permitir que congresistas malogren la imagen de la agrupación, y lo peor, desprestigien al Parlamento”.
Acuña no dudó en referirse de “bestialidad y barbaridad” el accionar de quien alguna vez representó a su partido. “Lo hecho por la congresista Rosío Torres es inaceptable. No he formado un partido político para que los congresistas hagan barbaridades”, agregó.
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