El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático) es investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado por la Fiscalía de la Nación debido a que estuvo en Palacio de Gobierno cuando el expresidente Pedro Castillo quiso ejecutar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado. Por este grave hecho, buscó abogados para que lo defiendan, pero con la salvedad que el dinero no saldría de su bolsillo.
Según el diario El Comercio, Sánchez solicitó el pasado 30 de enero al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) que corra con los gastos de sus letrados. Se amparo en que la Ley de Servicio Civil, el Decreto Supremo 040-2014-PCM y la Resolución de la Presidencia Ejecutivo 284-2015-Servir le permitía tener asesoría jurídica por su condición de servidores civil en procesos judiciales, constitucionales y policiales.
El aún parlamentario agregó en una carta a Luis Helguero, titular del Mincetur, que se ha visto involucrado en la decisión del expresidente Castillo al querer cerrar inconstitucionalmente el Parlamento. Indicó que se le atribuye una supuesta frase que dijo “por el país” minutos después de que el profesor cajamarquino hablará ante el país. A pesar de sus explicaciones, su solicitud no fue aprobada.
La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Mincetur no aprobó el pedido de Roberto Sánchez para que tenga abogados en la indagación que se le sigue en el Ministerio Público. Esto porque los delitos que le imputan, conspiración y rebelión en agravio del Estado, no se encuentran vinculados por algún hecho que habría realizado cuando estuvo al mando de la cartera durante la gestión de Castillo Terrones.
Denuncia constitucional
El pasado 23 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó con 50 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones la denuncia constitucional contra Roberto Sánchez. A él lo señalan que no ofreció una explicación clara ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre por qué permaneció 40 minutos en la sede del Ejecutivo cuando el expresidente Castillo ofrecía su mensaje golpista.
Sánchez ha rechazado cualquier influencia en el mensaje de Castillo Terrones. Cuando se pensaba que sería desaforado como la expremier Betssy Chávez para que esté a disposición de la Fiscalía de la Nación, terminó salvado por la representación nacional: hubo 27 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.
De esta manera, Sánchez permanecerá en su curul.
En declaraciones a RPP Noticias, el extitular de Comercio Exterior y Turismo sostuvo que los argumentos juridicos que sus abogados Domingo García Belaunde y Walter Rivera brindaron ante el Pleno provocó que los parlamentarios reevaluarán su decisión en destituirlo.
“Yo atribuyo a la capacidad de fundamentar la situación que me presuntamente me vincula, no a los actos del 7 de diciembre que hemos sido clarísimos que no tenemos absolutamente nada que ver. También creo a la receptividad de la audiencia del foro parlamentario porque hay colegas congresistas que revaluaron su postura y que ha permitido este resultado”, apuntó.
Al respecto, el aún parlamentario reafirmó que colaborará con las investigaciones que la Fiscalía de la Nación disponga en su contra ahora que perdió la prerrogativa del antejuicio político que todo exministro de Estado goza después de haber dejado el cargo dentro del Poder Ejecutivo. Además, reiteró que no tuvo ninguna participación en el mensaje golpista del expresidente Castillo.
“Como lo he sostenido infinitas veces y lo han confirmado también los propios testigos que han declarado que estuve pues absorto y rechazando esto conversando en una reunión allí en el pasadizo de la oficina del doctor Mendieta. Luego que he procedido a intentar salir de Palacio, evidentemente de inmediato he renunciado al cargo”, sostuvo.
De otro lado, Sánchez respondió si sentía que Castillo Terrones lo había traicionado al haber relatado el mensaje golpista del 7 de diciembre del año pasado.
“Mire, cuando uno hace un equipo para la defensa democrática con los instrumentos de la democracia y eso era el objetivo. Para eso se denominó a un equipo de ministros: el canciller (César) Landa, el ministro de Justicia (Félix) Chero, el ministro de Trabajo (Alejandro) Salas, conmigo mismo. Ambos abogados Ivan Manchego Palomino y Benji Espinoza, así como el asesor (Luis) Mendieta. Nuestro trabajo en esos días fueron incesantes intensos pensando en el 7 de diciembre”, apuntó.