El gobierno de Dina Boluarte dispuso que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ocultara la presencia del ciclón Yaku frente a las costas peruanas, así como las torrenciales lluvias que desatarían una tragedia en el norte y centro del país, y que ha dejado, hasta el momento, 70 muertos.
Un informe difundido el viernes por Hildebrandt en sus Trece refirió que el Senamhi había tomado conocimiento de las precipitaciones y el fenómeno climático desde el 20 y 25 de febrero, respectivamente. Sin embargo, el Ejecutivo planteó un silencio al respecto, a manera de “secreto de Estado”, debido a un reportaje de Cuarto Poder que, por entonces, denunció un “presunto estado calamitoso de la institución”.
“Nos dijeron que la orden venía de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Ambiente (...) no querían que la gente note que no se había hecho nada por prevenir esta situación. Incluso, exigieron a los expertos que fueran cautos en la información que entregaban al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)”, dijo al semanario un alto directivo del servicio meteorológico.
El 1 de marzo, un anuncio de Matt Nieto, experto del COEN, sobre las “anomalías” en la costa empujó al Senamhi a emitir un pronunciamiento sobre lluvias acompañadas de descarga eléctricas, según el semanario. Cuatro días después, el norte y la sierra quedaron bajo alerta roja.
El 7 de marzo, pese a que lo sabía con antelación, el organismo reconoció la llegada del ciclón Yaku. Su nota de prensa dio cuenta, además, del incremento de caudal de los ríos y la activación de quebradas que darían inicio a una serie de desbordes, inundaciones y huaicos.
“Si la información se hubiera difundido a tiempo en todos los niveles y la prensa hubiera tenido acceso a los reportes, se hubiera tomado algunas medidas de prevención para evacuar a las personas de las zonas más afectadas”, remarcó la misma fuente en diálogo con el medio.
Desde aquella fecha, las lluvias se intensificaron y el desplazamiento de Yaku también afectó a Lima y otras zonas del centro del territorio nacional. De momento, hay 70 muertos, 12.800 damnificados y 80.000 afectados por aludes, inundaciones y deslizamientos, según datos del COEN.
Contactado por el semanario, el Senamhi deslindó responsabilidad en el supuesto ocultamiento. Solo hace unos días, Boluarte afirmó que la prioridad de su Gobierno es brindar “ayuda y protección” a las familias damnificadas por las lluvias, así como “consolidar la democracia y el estado de derecho”.
La mandataria, investigada por presunto financiamiento irregular durante la campaña electoral de 2021, también reiteró que llevará adelante una cruzada nacional para reconstruir el país “sobre bases más firmes y sólidas, sostenibles en el tiempo”.
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