A mediados de marzo, la semana comenzó con las declaraciones de Einer Gilbert Alva León, más conocido como Makanaky, quien confesó una violación grupal en el programa del exboxeador Jonathan Maicelo. Las palabras del tiktoker, que se volvieron virales en las redes sociales, generaron indignación y el Ministerio Publico abrió una investigación.
Al día siguiente, en medio de esta polémica, murió Katherine Gómez, una joven de 18 años que fue quemada viva por su expareja en una calle del Centro de Lima, cerca de la plaza Dos de Mayo. Había resistido seis días después que Sergio Tarache Parra le rociara gasolina y prendiera fuego: tenía el 60% del cuerpo quemado.
Entre los gritos de justicia de la población peruana por este feminicidio, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, tuvo unas lamentables declaraciones cuando informó acerca del deceso de la joven: “Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quiénes están, ellas deben estar conscientes que merecen estar libres de violencia y que no acepten ningún compromiso o relación con una persona que no las respete, que vulnere sus derechos, que nos las trate con la dignidad que ellas merecen”.
Aunque la titular del MIMP manifestó que tergiversaron sus palabras, la psicóloga fue criticada por organizaciones y exministras —como Rosario Sasieta—que, incluso, pidieron su renuncia.
Luego de 24 días de haber estado prófugo, Sergio Tarache fue capturado por las autoridades colombianas en Bogotá. Según comentaron, en un inicio el feminicida no quiso identificarse, pero luego de una serie de exámenes para identificarlo, se confirmó su identidad. El Ministerio del Interior ha asegurado que en las próximas horas el individuo debería estar llegando a Perú. El venezolano podría enfrentar una cadena perpetua en las cárceles peruanas.
En el distrito de San Juan de Miraflores, Rosa Ñahuera Almenacorta denunció que su expareja Luis Eduardo Gutiérrez Huamán casi la mata al acuchillarla en el cuello y el hombro. La víctima no recibió el apoyo inmediato de la comisaría de Pamplona 1 de SJM. La mujer lo había acusado desde enero por las amenazas que recibía, pero recién en marzo le dieron medidas de protección a su favor. El pasado 25 de marzo el agresor fue detenido tras herir a una persona, pero, horas después, fue liberado. La mujer vive en constante miedo.
Al otro lado de la capital peruana, en San Juan de Lurigancho, los vecinos y agentes del Serenazgo frustraron el secuestro de una joven a manos de su expareja Edson Pérez Vásquez. Al verse descubierto, el sujeto, quien se encontraba en un auto, se fugó y atropelló a cinco personas. Posteriormente, fue detenido.
Y este viernes 31 de marzo se conoció que David Flores Yucra asesinó a la madre de sus cuatro hijos, Janet Condori Condori, y la enterró en el patio de su casa en el barrio de Miraflores, en la ciudad de Sicuani, en la provincia de Canchis (Cusco). El feminicida tenía antecedentes por agresión en agravio de la víctima en la ciudad de Arequipa.
La violencia contra la mujer en el Perú no tiene fin en un mes donde se celebró el Día Internacional de la Mujer. La Defensoría del Pueblo informó que en 2023 hay 39 mujeres víctimas de feminicidio y 23 tentativas de feminicidio, generalmente todos en relaciones de pareja; y nueve casos de muerte violentas que aún se están por calificar.
Violaciones a menores y mujeres
El martes 28 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Yeison Lucano Leiva, el ‘Monstruo de Satipo’, quien trató de huir por la carretera entre Atalaya y Satipo (Ucayali). Había intentado violar a una niña de 11 años en su vivienda cuando sus padres se habían ido a trabajar a la chacra. La menor se resistió y el delincuente la atacó con martillos y con dos clavos de 16 centímetros que le incrustó en la cabeza.
La víctima fue trasladada a Lima para ser operada. Permanece internada en estado crítico por la gravedad de la agresión recibida, informó el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja.
No es el único caso en Satipo. Hay un bebé, de apenas cuatro meses, con signos de violencia sexual. El recién nacido presentó golpes en el rostro y lesiones en sus partes íntimas. La Defensoría del Pueblo pidió a la PNP y a la Fiscalía realizar las investigaciones para encontrar a los responsables.
En Tacna, una escolar que denunció a un docente de haber abusado de ella no quiere volver al colegio Manuel Flores Calvo. Pese a que la madre de la menor, junto a su abogada, formalizaron la denuncia ante la Policía y el Ministerio Público, el profesor volvió a ser contratado por el centro educativo. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) solo le aplicó una sanción de dos meses sin goce de haber para el maestro, inculpado por haber ingresado a la casa de una estudiante sin la presencia de sus padres. La acusación continúa en investigación en el fuero penal.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y febrero de 2023, 8.381 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de violencia, es decir, 142 fueron afectadas o afectados diariamente. En 2022, se registraron 54.144 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de todo tipo de violencia.
En Puno, una enfermera quedó en coma tras ser abusada sexualmente por dos compañeros de trabajo durante una reunión social en Ayaviri, en la provincia de Melgar. El ataque se registró en la habitación que la enfermera, de 32 años, rentaba en esa zona. La PNP detuvo a Dino Álvarez y Renato Quispe Ramos como presuntos autores de esta agresión sexual. La víctima estaba recibiendo atención especializada en el área de Cuidados Intensivos, pero este miércoles 12 de abril no resistió más.
Murió “a pesar de todos los esfuerzos médicos y de haber puesto” a su disposición “toda la infraestructura y equipamiento”, confirmó el Seguro Social de Salud (EsSalud) del país en un comunicado. La Defensoría del Pueblo pidió al Estado que, ante los últimos casos de violencia contra las mujeres, se actúe de manera inmediata.
“Reiteramos que el Perú está en emergencia por los derechos de las mujeres, lo que genera responsabilidad directa del Estado y la necesidad de que de una vez por todas la sociedad rechace todo tipo de violencia contra ellas. Si no priorizamos la adopción de una política nacional contra violencia de género que otorgue recursos para atender la prevención, atención, investigación diligente y sanción de estas violaciones a los derechos humanos, la impunidad seguirá acrecentando la violencia y crueldad contra ellas”, explicó el órgano constitucional.