El Juzgado de Puno dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva contra el expolicía Jhonatan Apaza (25), involucrado en el asesinato del suboficial José Luis Soncco Quispe (29), calcinado en pasado enero durante la jornada más sangrienta de protestas, ocurrida en Juliaca, donde murieron, además, 17 manifestantes por enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La orden fue emitida por el magistrado Johnny Pedro Quispe Vilca, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román (Juliaca, que valoró los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.
El implicado fue capturado la semana pasada por la División de Homicidios de la Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, junto con Yesenia Molina Vargas (27), su pareja, y un presunto cómplice, Ismael Díaz Ccallata (28).
Los agentes también detuvieron a la conviviente de Apaza, “por estar en flagrancia delictiva por el delito contra la seguridad pública”, por la presunta “fabricación, comercialización, uso o porte de armas, así como por el delito de lavado de activos”.
En la diligencia, realizada en la provincia de San Román, fue hallada el arma de fuego del suboficial, quien hacía rondas de vigilancia en un patrullero con un compañero cuando fueron agredidos por una turba, que luego incendió el vehículo.
Los agentes también incautaron una cacerina de fusil AKM con siete municiones, accesorios de pistola Prieto Bereta incinerados, más de 23 mil dólares y un celular de marca Redmi.
Sobreviviente
En el ataque de enero pasado sobrevivió el suboficial Ronald Villasante, quien contó que “fueron retenidos y agredidos físicamente por unos 350 manifestantes”. Villasante recibió varios golpes, de modo que fue trasladado a Lima para ser atendido en un hospital, luego de que se le diagnosticara policontusiones y heridas múltiples en la cabeza.
Los detectives indicaron que entre los agresores había un grupo de personas que, mediante WhatsApp, coordinaron los ataques a los uniformados.
Druante las protestas antigubernamentales que comenzaron a principios de diciembre y pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, han fallecido en total 77 personas. De ellas, 49 murieron en la represión de las manifestaciones y la última víctima fue confirmada la semana apsada.
Se trataba de Rosalino Flores, un joven de 22 años que recibió el impacto de 36 perdigones disparados a corta distancia por un policía el pasado 11 de enero durante las protestas en la ciudad del Cuzco y que permaneció dos meses en estado grave en un hospital de Lima.