El Poder Judicial dictó este viernes prisión preventiva contra Geiner Alvarado, quien presidió los despachos de Vivienda y de Transportes durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. La decisión fue tomada por César San Martín Castro, quien preside la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
El exministro, investigado por organización criminal, tenía comparecencia con restricciones y debía cumplir, entre otras reglas, no ausentarse de Lima y Callao sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, informar sobre sus actividades el último día de cada mes, no comunicarse con coinvestigados o testigos, y pagar una caución económica de 35.000 soles.
A mediados de marzo, el juez Juan Carlos Checkley rechazó la solicitud del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de imponerle prisión provisional y, en cambio, le ordenó normas de conducta.
Durante la audiencia, el magistrado indicó entonces que Alvarado no cumplía el requisito de peligro procesal, toda vez que su actitud había sido “aceptable”, pues él mismo pidió que se apruebe la acusación constitucional en su contra para formalizar la investigación preparatoria.
“No existe un riesgo razonable de que el investigado pueda influir sobre testigos o utilizar a terceros para inducirlos en su comportamiento y participación en la siguiente etapa del proceso. No se desprende de lo argumentado por la Fiscalía en audiencia que haya obstaculizado la investigación a la fecha”, señaló Checkley. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión y ratificó su pedido de 36 meses de prisión pereventiva.
El Ministerio Público investiga a Alvarado por ser presuntamente, junto al exprimer ministro, Aníbal Torres, y el extitular de Justicia, Félix Chero, operador de esta supuesta organización corrupta.
Según la tesis fiscal, Castillo encabezaría esta red dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas. También estaría implicado el círculo más íntimo del exmandatario, incluida su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer.
En rigor, el expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Otro de los implicados en el caso, el exministros de Transportes, Juan Silva, se encuentra prófugo de la Justicia desde el año pasado, pese a una acusación por el delito de organización criminal y colusión simple.
Este viernes, la Corte Suprema ratificó la decisión de imponer 36 meses de prisión preventiva para Castillo, tras rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa.
A esta orden se suma otra de 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe. El exmandatario ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.