Gisela Ortiz, familiar de víctima de La Cantuta, sobre la clausura del LUM: “Es un atropello a lo único que nos queda de nuestros seres queridos: su memoria”

El cierre temporal del Lugar de la memoria, la reconciliación y la inclusión social por órdenes de la Municipalidad de Miraflores ha provocado la reacción de diversas figuras, entre estas la exministra de Cultura y familiar de la víctimas de La Cantuta, Gisela Ortiz. Durante su participación en la presentación del informe anual sobre Derechos Humanos de Amnistía Internacional lamentó la actitud de las autoridades.

Ortiz calificó de arbitraria la decisión de la comuna de paralizar las funciones y actividades del LUM y recalcó que no solo se trata del cierre de un espacio físico sino también una actitud contra los familiares de víctimas de la violencia terrorista y del Estado que “exigen espacios de memoria no solo para recordar lo que nosotros vivimos, sino también para conmemorar a nuestros seres queridos”.

“Deseo denunciar actitudes como esta que en realidad es un atropello a lo único que nos queda de nuestros seres queridos: su memoria. Lo que nos queda es recordar si fueron estudiantes, futbolistas, alegres, recordar lo que hicieron en sus comunidades. Su historia colectiva, familiar es lo que atesoramos porque es lo que nos queda”, señaló. Además, lamentó que en un país que durante veinte años estuvo marcado por la violencia no se conserve “espacios para recordar, estudiar y aprender sobre hechos que no queremos que se repitan”.

Ortiz señaló que espera que la tarea de buscar justicia iniciada hace 30 años tenga un sentido y que el “Nunca más” repetido en tantas ocasiones produzca cambios. Sin embargo, parece haberse convertido en una frase que se repite constantemente, sobre todo luego de que el Estado haya reprimido y asesinado a decenas de manifestantes que ejercían su derecho a la protestas en Cusco, Apurímac, Puno, Ayacucho y demás regiones.

María Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, resaltó el hecho de que en el último año los derechos de las mujeres hayan mostrado alarmantes retrocesos tanto en Afganistán como en el Perú donde, en lo que va del año, se han reportado 137 feminicidios. De las once mil desaparecidas durante el 22, aún quedan seis mil mujeres cuyo paradero es desconocido, según los datos recopilados por la entidad.

Sobre las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, se señaló que “se ha usado de manera ilegal las armas letales y de manera indiscriminada aquellas menos letales. Han existido ataques generalizados a la población bajo un claro sesgo racista y discriminatorio”.

Entre lágrimas, Raúl Samillán, presidente de la asociación de mártires y víctimas del 9 de enero de Juliaca y hermano del médico asesinado en las protestas, lamentó que su ciudad haya sido escenario de una respuesta violenta por parte de las fuerzas del orden. “Es un derecho que tenemos sobre ciudadanos”, dijo sobre la oportunidad de salir a protestar contra un gobierno con el que no están de acuerdo.

“Nunca imaginamos que viviríamos lo más grave. Fuimos víctimas de represión por el simple hecho se salir a protestar”, indicó para recordar que estuvo rodeado de cadáveres al mismo tiempo que llegaba con el cuerpo de us hermano a la morgue de Juliaca. Este reclamó justicia del Estado para encontrar la paz que solo llegará el día que aquellos que cometieron delitos pague por ellos.