La clausura del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), donde Amnistía Internacional (AI) tenía previsto presentar este martes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Perú, es el más reciente veto de una alcaldía presidida por un integrante de Renovación Popular, liderada por el ultraconversavor Rafael López Aliaga.
El historiador Manuel Burga, director del museo, denunció que funcionarios de la comuna miraflorina, bajo la gestión de Carlos Canales, llegaron a las instalaciones para hacer una inspección inopinada que acabó con el cierre intempestivo.
Se trata de la misma municipalidad que esta semana clausuró la tienda de juguetes sexuales Foreplay, ubicada en la calle Esperanza. La excusa del cierre es debido a que unos padres denunciaron que un colegio se encuentra cerca del local y que no cuenta con el giro correcto. Ahora, la empresa tiene que pagar S/4.950 porque se le impuso una multa de 1 UIT.
“Ha sido un cierre injustificado. Nos dijeron que la licencia que teníamos no era la correcta y, por eso, nos han cerrado”, dijo a este medio Silvanna Peraldo, CEO y fundadora de Foreplay.
Previamente, el Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares), enfocado en la salud sexual y reproductiva, fue cerrado por la Municipalidad de Jesús María, bajo la gestión del alcalde Jesús Gálvez (Renovación Popular).
La comuna señaló que el cierre se originó porque Inppares no contaba con la licencia de funcionamiento para operar en un terreno de casi 4 mil metros, ubicado en el cruce de la avenida Giuseppe Garibaldi y el jirón Sánchez Cerro.
Sin embargo, la clínica ha replicado que se trata de una medida “injusta y arbitraria”, pues “sí cuenta con licencia de funcionamiento y autorizaciones” que la actual gestión “desconoce”.
“La aseveración de la Municipalidad de Jesús María solo reafirma la percepción de que nos hallamos frente a una instancia de gobierno intolerante, que abusa de su poder con arbitrariedades”, se lee en una misiva.
El centro también señaló que “situación se revertirá en el más breve plazo posible, ya que se están vulnerando los derechos de las mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos a quienes ha brindado servicios en su casi medio siglo de vida institucional”.
Según La Encerrona, que difundió un documento sobre el código de infracción, los motivos del cierre se habrían originado al tergiversar la salud sexual y reproductiva como “pornografía”. Esta versión ha sido negada por la comuna, cuyo burgomaestre integra un partido ultraconservador. En tanto, Inppares refirió que “la información difundida en medios digitales no ha sido brindada” por sus voceros.
Borrado de representaciones culturales
En enero pasado, el mural de Máxima Acuña, agricultora y defensora ambiental, fue borrado de las calles de Barranco por disposición de la nueva alcaldesa, Jessica Vargas, integrante de la misma tienda política.
El artista Erick Cárdenas pintó el mural en julio de 2021 en el marco de las celebraciones del Bicentenario del Perú, para graficar a todas esas mujeres del país bajo el anonimato que representan el empuje por sacar adelante a sus familias y su comunidad.
Sin embargo, la nueva gestión invisibilizó esta representaciones artísticas ecologistas. La noticia causó diversas reacciones en las redes sociales. El debate se generó entre los usuarios que apoyaban la decisión de borrarlo y los que consideraban una “falta de respeto” de la nueva gestión por hacerlo.
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