Siete ministros de Dina Boluarte son investigados por la Fiscalía

Siete ministros y exministros del gobierno de Dina Boluarte se encuentran bajo investigación del Ministerio Público por cometer presuntamente varios delitos en tres meses. En su mayoría varios están por las muertes ocurridas durante las protestas sociales que se dieron contra la presidenta de la república y el Congreso de la República en regiones del sur como Apurímac, La Libertad, Puno, Ayacucho y Arequipa.

El 10 de enero pasado, la Fiscalía informó que abría una indagación contra la presidenta Boluarte e integrantes de su gestión por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Se encuentran incluidos el premier Alberto Otárola, el ministro Jorge Chávez Cresta (Defensa), el exprimer ministro Pedro Angulo, los exministros César Cervantes (Interior) y Víctor Rojas (Interior).

Por otro lado, el ministro Vicente Romero (Interior) afronta un caso por omisión de funciones debido a la violenta intervención de la Policía Nacional en la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde terminaron por detener a casi 200 persones que iban a participar de las manifestaciones contra el Ejecutivo en Lima.

En tanto, el ministro Luis Adriánzen (Trabajo) afronta dos indagaciones. La primera es por colusión en torno a la contratación de la excuñada del premier Otárola en su cartera. La segunda tiene que ver con negociación incompatible al haber permitido que EsSalud pague 41 millones de soles a la empresa Aiona Technology Corporation S.A.C. por la adquisición de un millón de pruebas rápidas en 2020 para detectar el coronavirus.

A pesar de que va rumbo a su cuarto mes, el Gobierno de Dina Boluarte sigue generando un amplio rechazo en buena parte del país. Una reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que la imagen de la presidenta de la República sigue con una clara tendencia a la baja.

Según el estudio, publicado por el diario La República, la desaprobación de la jefa de Estado se sitúa en un 78% a nivel nacional. Esto representa un aumento de un punto a comparación del mes de febrero. Las zonas donde Boluarte Zegarra despierta mayor rechazo son el oriente y el sur con 82%.

Y los niveles socioeconómicos C y D/E desaprueban a la mandataria con 75% y 82%, respectivamente.

En cuanto a su aprobación, Boluarte tiene 15%. Se mantiene a comparación del mes pasado. En Lima Metropolitana tiene 18% de aprobación y el nivel socioeconómico A/B la respalda con un 27%.

El 7% no tiene una opinión formada sobre el actual régimen.

Por otro lado, la citada encuestadora también realiza una interrogante sobre las manifestaciones sociales que se han dado contra el gobierno de Dina Boluarte. En esa línea, el 41% de entrevistados cree que provocarán que la presidenta renuncie al cargo. El mes pasado, el 51% pensaba de esta forma.

A pesar de que los encuestados señalan que la presidenta no renunciará por las protestas, sí estiman que la calle seguirá moviéndose.

El 41% cree que van aumentar en los próximos días. Contrariamente, el 26% estima que se mantendrán igual, el 24% que disminuirá y el 9% no tiene una opinión al respecto.Por su parte, el 53 % sostiene que no tendrá ningún efecto en la estabilidad de Boluarte Zegarra al frente del Ejecutivo. En tanto, el 6% no cuenta con una opinión formada.

El Pleno del Congreso de la República debatirá este jueves 30 si admite a trámite la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral. Este tema fue incluido por el Consejo Directivo en la última reunión que sostuvieron de acuerdo a las declaraciones realizadas por José Williams, titular del Parlamento.

Para que la moción sea admitida a debate se requiere del voto de por lo menos el 40% de los congresistas, es decir 52 votos a favor.

De ser admitida, la votación debe efectuarse en la siguiente sesión del Pleno, que no debe ser antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión ni después del décimo día. Para esta sesión, la presidenta Dina Boluarte tendría la posibilidad de ejercer personalmente su derecho a la defensa o ser asistida por su abogado. Para que la vacancia sea aprobada se requiere de al menos dos tercios del número legal de congresistas, es decir 87 votos a favor.