Este lunes, ocurrió un inesperado incidente a las afueras del NH Collection Eurobuilding, hotel en Madrid donde se hospeda la selección peruana. La pelea dejó como saldo a varios jugadores golpeados y cuatro de ellos terminaron en la comisaría.
Al llegar al hospedaje, había un cordón policial, ya que cientos de hinchas se apostaron en el lugar. Sin embargo, cuando los seleccionados buscaban saludar a los aficionados, recibieron golpes por parte de los agentes de la policía española. Los peruanos también forcejearon.
En un principio, el programa de televisión El Chiringuito señaló que cuatro jugadores se encuentran detenidos en la comisaría de Chamartín. Ellos son Pedro Gallese, Alex Valera, Yoshimar Yotún y José Carvallo. “Se encuentran testificando en calidad de detenidos, por haber agredido a policías”, precisó un reportero del show. También se encuentra el presidente de la FPF, Agustín Lozano, para mediar por los seleccionados.
Sin embargo, una fuente de la Federación Peruana de Fútbol, le indicó a Infobae: “Miembros de la delegación peruana se dirigieron por voluntad propia a una estación policial. La intención es aclarar y resolver esta situación”.
Minutos más tarde, Alberto Farje, director general de comunidades peruanas en el exterior, señaló a TV Perú que aproximadamente, a las 2 a.m. (hora España), la única presencia en la comisaría de Chamartín era la de Pedro Gallese.
“Fue conducido a raíz de una denuncia”, comentó. Asimismo, le dijo a RPP: “En un confuso incidente hubo una trifulca y en este momento se encuentra retenido el señor Gallese (…) Justamente la detención del señor Gallese se produce a raíz de la denuncia de un efectivo policial por un golpe”.
Horas después, el mismo Farje comentó que el capitán de la selección peruana abandonó la comisaría y regresó a la concentración en el hotel. Señaló que el arquero fue liberado sin ningún cargo.
Compromiso con Marruecos
Luego de su partido amistoso ante Alemania, la blanquirroja se alista para enfrentar a Marruecos este martes en el Wanda Metropolitano. Es por ello que cientos de espontáneos llegaron al hotel para realizar el acostumbrado banderazo en la víspera del encuentro. Aunque algunos rumores señalan que cabe la posibilidad de que el duelo se suspenda debido a la trifulca ocurrida este lunes.
Las imágenes que llegaron desde España es una violenta represión contra algunos jugadores peruanos que estaban muy tranquilos tratando de saludar a los hinchas.
Dicho esto, empujar a un policía es un grave delito en España. No importa si haya sido un jugador o un aficionado, representa una falta a la autoridad, comentaron los hombres de prensa madrilenses.
Qué dice la ley
El Código Penal de España hace referencia a cualquier agresión a la autoridad y las penas que podrían aplicarse en estos casos
El artículo 550 señala: “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
La legislación agrega que los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
“No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses”, precisa el Código.
Sin embargo, en la práctica, los sindicatos de policías señalan al diario La Razón que en la mayoría de casos estas condenas suelen reducirse a una falta, que puede ser saldada con una multa de 50 euros en un juzgado.