La presidenta de la república, Dina Boluarte, realizó un deslinde tajante y categórico esta semana tras las graves acusaciones de sus excolaboradores Henry Shimabukuro y Maritza Sánchez sobre presuntos aportes no declarados en su campaña electoral del 2021 cuando era la socia política de Pedro Castillo por las filas de Perú Libre.
“No permitiremos que personajes con intereses políticos subalternos, y dando manotazos de ahogado desde la Diroes, con falacias y con mentiras pretendan debilitar a este gobierno democrático y constitucional, que trabaja día a día en resolver los problemas del país, y que lucha frontalmente contra la corrupción. Acá no ha habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores”, dijo.
“Estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción, e impedir que los tentáculos de esos grupos, que hasta hace poco estuvieron en los círculos del poder, sigan actuando con total impunidad”, agregó con énfasis.
Sin embargo, las declaraciones de Boluarte Zegarra se contradicen bastante cuando personas que la visitaron cuando ejercía la vicepresidencia y lideraba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) lograron contratos con diferentes entidades del Estado y subprefecturas.
Infobae identificó a los beneficiarios tras las citas con la actual jefa de Estado.
Contratos
Dinela Canta Cullampe tuvo una visita personal a la presidenta Boluarte el 6 de septiembre del 2021. El encuentro duró entre las 11:41 de la mañana y 1:06 de la tarde en el piso 10 del MIDIS. Luego, Canta se entrevistó el 24 del citado mes con William Contreras Chávez, quien ocupaba por entonces el Viceministerio de Prestaciones Sociales.
Tras estas citas, Canta logró cuatro órdenes de servicio con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, adscrita al Ministerio de Educación, y el MIDIS por un monto de S/ 33 500 debido a que brindó asistencia en gestión documental y acompañamiento territorial en las iniciativas de ciudadanas de apoyo alimentario. Un detalle no menor es que Canta nunca había contratado con el Estado.
Adicionalmente, Canta logró ser designada subprefecta del distrito de Puente Piedra el 28 de octubre del año pasado. El nombre de esta persona, que postuló hace dos años al Parlamento por Alianza para el Progreso, no aparece en el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. En su hoja de vida se indica que tiene estudios inconclusos en Derecho por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).
Otro caso es el de Adolfo Antayhua Chipana, quien se juntó con la presidenta Boluarte el 21 de septiembre del 2021. Luego de la reunión de trabajo, el excandidato de Acción Popular a la alcaldía del distrito de Cotaruse logró tres órdenes de servicio por S/ 13 900 con la municipalidad de Tintay y la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Apurímac, la tierra natal de la actual mandataria.
No había registro de contratos con el Estado por parte de Antayhua, pero sí dos sentencias por violencia familiar y agresión contra la mujer por el Juzgado de Familia Central y el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Apurímac.
Rectificación: En una primera versión de este reportaje se informó por error que Roberto Rosado habría sido colocado en el MIDIS tras reunirse con la presidenta Boluarte el 13 de octubre del 2021 entre las 4:32 de la tarde hasta las 8:22 de la noche. Sin embargo, en su descargo por correo electrónico, Rosado informó que no se reunió con Boluarte debido a que la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social participó en la primera sesión del Consejo de Ministros de la gestión de Mirtha Vásquez. En esa ocasión, Boluarte dio detalles sobre el avance del cobro del bono Yanapay entre las 5:09 hasta las 6:09 de la tarde. Por otro lado, Rosado menciona que trabaja en el MIDIS desde agosto del 2019 cuando se integró como Analista en Comunicaciones y Periodismo Gubernamental en la Oficina General de Comunicación Estratégica de la cartera. Por ello, se elimina el párrafo en el que se menciona y se expide las disculpas del caso.
Pierre Oskar Quiñones Balarezo fue parte de la comitiva que estuvo con la presidenta Boluarte cuando recibió el flash electoral del 6 de junio del 2021. Luego, obtuvo seis órdenes de servicio con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y el MIDIS por S/ 35 750.
El caso de María Patricia Muriano Peralta resulta muy particular. Ella tuvo una reunión con Boluarte Zegarra el 3 de noviembre entre 9:10 de la mañana y las 3:40 de la tarde. Al día siguiente se registró como proveedora del Estado. De manera express logró una orden de servicio por S/ 10 mil soles para brindar su servicio como asistente administrativa en el Despacho Presidencial. De ahí obtendría cinco órdenes de servicio más por S/ 96 500.
Hay que mencionar que Muriano trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) al igual que la presidenta Boluarte. Allí ocupó la jefatura de la Oficina Registral de Surco.
Similar al caso de Muriano es el de Gladys Rojas Soria, quien tuvo seis visitas a la presidenta Boluarte. La primera sucedió el 30 de diciembre del 2021. En su hoja de vida destaca que trabajó como coordinadora de la Oficina de Defensa Nacional de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Junín entre el 2019 y el 2021. A ese cargo llegó nombrada por Vladimir Cerrón al iniciarse su segunda gestión antes de ser recluido en prisión tras haber sido condenado a 4 años y 8 meses por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.
A pesar de que no está inscrita como militante en Infogob, Rojas es simpatizante de Perú Libre. En Junín participó en varias actividades proselitistas cuando Cerrón apuntaba a regresar al Gobierno Regional en 2018. Tanta es su cercanía con el líder del partido del lápiz que incluso tiene una fotografía con la madre de este, Bertha Rojas, tal como se adjunta en este reportaje. Rojas Soria tuvo dos contratos con el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) por S/ 8 000.
De igual manera pasa con los casos de Mónica Carito Marin Lino, Lisbeth Salas Ccente y Diana García Onorbe.
Marin tuvo dos reuniones con la presidenta Boluarte: el 6 de diciembre del 2021 y el 6 de enero del 2022. El año pasado logró tres órdenes de servicio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por S/ 30 000. No contrataba con el Estado desde el 2016.
Por su parte, Salas tuvo una reunión con Boluarte el 11 de enero del 2022. Casi un mes después logró una orden de servicio en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que fue adjudicado sin ningún proceso para que brinde asistencia técnica en materia de turismo, sobre el proceso de planificación turística, así como, el seguimiento a los compromisos del sello internacional Safe Travels correspondientes a las regiones de Ayacucho y Apurímac, la tierra natal de la mandataria.
Finalmente, García Onorbe tuvo una cita de trabajo con la mandataria Boluarte el 26 de enero del 2022. Tras este encuentro obtuvo dos órdenes de servicio en el Ministerio de Trabajo por S/ 30 000.
Subprefecturas
El 10 de marzo del 2022, la presidenta Boluarte recibió a una delegación de personas de Apurímac en su despacho de Palacio de Gobierno. Entre ellos se encontraban Ronald Guzmán Rivas, Máximo Quispe Vargas, Julia Antonia Ortega Rodas, Joselito Ludeña Leguia, Grimaldo Huancari Soras y Margarita Ccarhuaz Pérez.
Tras esta cita, todos fueron designados como subprefectos de varios distritos de Apurímac, la tierra natal de Boluarte Zegarra.
El 24 de marzo salió publicado la resolución del diario oficial El Peruano que informaba que Máximo Quispe Vargas era nuevo subprefecto del distrito de San Jerónimo, en la provincia de Andahuaylas.
Un día después se oficializó que Ronald Guzmán y Grimaldo Huancari Soras eran los flamantes subprefectos de los distritos de Pacucha y Kishuara, respectivamente.
El 8 de abril salió que Joselito Ludeña Leguia iba a ser el subprefecto del distrito de Andarapa. Cinco días después, Julia Antonia Ortega Rodas y Margarita Ccarhuaz Pérez eran anunciadas como subprefectas de los distritos de Santa María de Chicmo y Andahuaylas.
Infobae buscó el descargo del Despacho Presidencial sobre estas visitas de la presidenta Boluarte que consiguieron contratos. Sin embargo, al cierre de esta edición no encontramos respuesta alguna.
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