Exprocuradores sostienen que la Fiscalía debe investigar a Dina Boluarte por financiamiento ilícito y lavado de activos debido a aportes no declarados

La presidenta de la república, Dina Boluarte, ha tratado esta semana sin éxito de deslindar sobre presuntos aportes no declarados durante su campaña en las pasadas elecciones generales del 2021 cuando postulaba en la plancha junto a Pedro Castillo por las filas de Perú Libre. Sin embargo, hay pruebas que la contradicen.

Su exsecretaria Maritza Sánchez reveló que había una agenda, donde se anotaban todas las actividades de Boluarte Zegarra. Reuniones con aportantes y transferencias de dinero. Es ahí que un nombre salió a tallar como es el del empresario pesquero Eduvigis Beltrán, quien le habría dado 150 mil soles en efectivo que no habría sido declarado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ante tal hecho, la jefa de Estado salió a negarlo todo. “Lo que la señora (Maritza Sánchez) dijo en un medio de comunicación, lo único cierto es que Henry Shimabukuro y ella fueron enviados por Pedro Castillo; todo lo demás es falso. No he recibido ni un solo sol de absolutamente nadie”, dijo el martes pasado. Nuevamente, la realidad pintó otra historia.

El portal El Foco mostró audios y chats entre Sánchez y Boluarte que confirmaban que no sólo era financiada por el empresario Beltrán, sino por Henry Shimabukuro, uno de los exasesores más cercanos del expresidente Castillo. Es más, el portal Epicentro emitió una entrevista ayer en el que Shimabukuro señala que él llega a la campaña de Perú Libre por intermedio de la actual mandataria.

“Donde llego primero es al Club Apurímac, a la oficina de Dina Boluarte. Nunca he ingresado al local de Perú Libre. No conozco a Vladimir Cerrón [fundador de Perú Libre]. No conocía en esa época a Pedro Castillo”, dijo.

En otro momento de la entrevista, Shimabukuro indicó que ha presentado las pruebas de los aportes a la Fiscalía. “He pedido facturas en donde se ha hospedado la señora Dina Boluarte y el equipo de campaña y quien habla, el pago de alimentación. Siempre viajábamos un grupo de diez. Siempre me agradecía por el apoyo”, aseguró.

En base a las revelaciones, Infobae consultó con exprocuradores anticorrupción sobre las medidas que el Ministerio Público debe disponer. Por cierto, frente a las graves revelaciones, la fiscal Patricia Benavides ha tenido un notorio silencio.

El exprocurador Luis Vargas Valdivia indicó a este medio que sí se amerita una investigación preliminar de oficio por parte de la Fiscalía de la Nación porque el ordenamiento legal ya no permite el aporte de procedencia ilícita a las campañas electorales. “Para eso cuentan con el sustento que el Estado otorga a los distintos partidos para que puedan realizar sus actividades y así evitar dinero de procedencia que puede ser ilícita”, anota.

En efecto, el cinco de abril del 2019 se promulgó la Ley 30997 que modifica el Código Penal para incorporar el delito de financiamiento prohibido a organizaciones políticas en nuestro país.

En la norma se incluye un nuevo capítulo denominado “Delitos contra la participación democrática” que está dividido en dos partes: el delito de financiamiento prohibido de las organizaciones políticas y el delito de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

“La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años y con cien a trescientos días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del Código Penal, si el delito es cometido por el candidato, tesorero, responsable de campaña o administrador de hecho o derecho de los recursos de una organización política, siempre que conozca o deba conocer la fuente de financiamiento legalmente prohibida”, agrega.

“Hay que tener en cuenta que Henry Shimabukuro fue asesor del expresidente Castillo. Al igual que en su caso, aquí también se debe demostrar la veracidad y la validez de las afirmaciones que realiza contra la presidenta Boluarte. Eso es necesario y se requieren elementos probatorios y medios de convicción”, añade Vargas Valdivia.

Por su parte, el exprocurador Julio Arbizu añadió que la Fiscalía debe iniciar la indagación no sólo por financiamiento ilícito, sino que eventualmente podría incluirse el presunto delito de lavado de activos para esclarecer si el dinero que la presidenta Boluarte recibió en campaña proviene de actos lícitos o no.

“Hay elementos más que contundentes para que la Fiscalía cumpla con abrir una investigación en comparación a lo ocurrido con los muertos durante las protestas contra Boluarte que ni siquiera han llamado a los familiares de las víctimas. [Sobre los productos del empresario Beltrán en Qali Warma] Evidentemente es una prueba para que se inicien diligencias a fin de esclarecer si hay actos de corrupción de la señora Boluarte”, apuntó.

El letrado calificó como una “mentirosa contumaz” a Boluarte al negar a sus excolaboradores de campaña a pesar de que salieron con pruebas irrefutables que trabajaron codo a codo con ella en la pasada elección general. “Al negar lo evidente, demuestra su condición de mentirosa y debería ser tomada en cuenta por el Ministerio Público para evaluar su situación jurídica”, anotó.

Arbizu enfatizó que hay muy poca confianza en la actuación de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y la Procuradoría General del Estado que han estado en silencio frente a las graves denuncias contra Boluarte Zegarra. “Hoy las instituciones están tomadas por personas afines al gobierno de Boluarte. Controlan todo tipo de ejercicio para investigar”, finalizó.