Pleno del Congreso aprobó proyecto de ley que reconoce los “derechos del concebido”

El texto sustitutorio propone que el embrión sea sujeto de una serie de derechos constitucionales. La iniciativa legislativa presentada por la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo pone en riesgo el derecho a la salud de las mujeres, pues dificulta el acceso al aborto terapéutico al priorizar el desarrollo del embarazo incluso en casos de riesgo a la vida de la madre

Congresistas respaldan iniciativas legislativas que atentan en contra de los derechos de las mujeres en el país.

Retrocesos. Este jueves, el Congreso de la República aprobó en primera votación el texto sustitutorio 785 que propone reconocer los “derechos del concebido”. El proyecto de ley tiene como finalidad “proteger” al embrión y garantizarle el acceso al derecho a la dignidad, vida, identidad propia e independiente a la de su madre gestante, a su libre desarrollo intra uterino y bienestar, a la salud e integridad psíquica y física. Esta iniciativa ha sido arduamente cuestionada por atentar en contra de los derechos de las mujeres en el país.

La medida legislativa que pretende modificar el artículo 1 del Código Civil peruano, el cual indica que las personas son sujetos de derecho desde que nacen y la vida humana comienza con la concepción. Además, indica que “El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece”. La parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo, autora de este proyecto y miembro de Renovación Popular, pretende que este artículo especifique que el feto goza de derechos desde su concepción y se detalle cuáles se le debe reconocer.

“Dispóngase la modificatoria del artículo 1 del Código Civil peruano en los siguientes términos: ‘La vida humana comienza con la concepción. La persona humana es sujeto de derecho desde su concepción. El Estado peruano reconoce y garantiza el respeto a la dignidad del concebido, así como su derecho a la vida, a la identidad propia, a la integridad psíquica y física, así como a su libre desarrollo intra uterino”, menciona el PL.

El documento también hace referencia a los derechos de la madre gestante y señala que el Estado garantizará el acceso a la salud de la gestante, al igual que la información que requiere para el cuidado de su salud y nutrición del embrión mientras dure el embarazo. Asimismo, detalla que ante un posible caso de riesgo médico para la vida de la madre o el feto, “corresponde a la madre o cónyugue, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consaguinidad y primero de afinidad, decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse”.

Jáuregui de Aguayo se pronunció a través de sus cuentas de redes sociales sobre la aprobación de su proyecto de ley y agradeció “a Dios” por este acontecimiento. “Se aprobó en primera votación del pleno del Congreso. El proyecto de ley de mi autoría que reconoce los derechos del concebido. Agradezco a Dios por permitirme legislar en favor de la vida y a los congresistas que votaron para la aprobación de esta importante iniciativa”, escribió.

La iniciativa legislativa recibió 60 votos a favor, 27 en contra y 19 abstenciones. América Gonza, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y miembro de la bancada de Perú Libre, se encargó de sustentar el PL ante el Pleno. “Luego de analizar la inconveniencia de dicha propuesta en vista que establecer como persona humana otorga no solo derechos fundamentales al concebido, sino también una serie de derechos patrimoniales y capacidades de goce y ejercicio, que no pueden regularse con el único cambio del artículo 1 del Código Civil”, afirmó.

No obstante, las congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán y Susel Paredes presentaron un recurso de reconsideración a la votación del dictamen. “No sorprende que quienes respaldan esta iniciativa no buscan garantizar derechos para las mujeres”, señaló Luque mediante su cuenta de Twitter, donde informó sobre la reconsideración planteada.

Este tipo de iniciativas ha sido anteriormente cuestionada por organismos internacionales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otras entidades, ya que pone en riesgo los derechos de las mujeres al priorizar el desarrollo del embarazo sin tomar en cuenta la salud de la madre gestante. También es practicado en casos de violencia sexual a menores de edad, cuando este arriesga su integridad física.

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