Fiscalía allanó vivienda del exprimer ministro Aníbal Torres por el autogolpe de Pedro Castillo

Efectivos de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía ejecutaron este jueves una orden de allanamiento e incautación de documentos en la casa de Aníbal Torres, por estar incluido en la investigación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración luego del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Además, se dispuso que se le levante el secreto de sus comunicaciones.

La diligencia se desarrolló entre las tres hasta las diez de la mañana. El exprimer ministro de Pedro Castillo estuvo en su vivienda atendiendo a los fiscales y policias que luego se llevaron computadoras y cajas lacradas para continuar con las indagaciones.

Se conoce que Torres no tiene orden de captura porque cumple una orden de comparecencia con restricciones. El juez supremo Juan Carlos Checley había rechazado un pedido de 18 meses de prisión preventiva que había sido formulado por el fiscal Alcides Chinchay.

Hay que señalar que la defensa legal de Torres ha señalado en reiteradas ocasiones que no tenía conocimiento que Castillo iba a brindar un mensaje a la Nación para cerrar inconstitucionalmente el Parlamento y tomar varias instituciones públicas como la Fiscalía de la Nación.

En diálogo con RPP Noticias, el abogado Duberlí Rodríguez mencionó que el exasesor de la PCM recién se enteró de la decisión del exmandatario cuando terminó su discurso, por lo que no considera haber participado en dicha decisión. Por ello, mencionó que en el derecho penal no se pueden guiar por sospechas, sino por evidencias.

“(Aníbal Torres) ha dicho en su declaración, que él toma conocimiento cuando termina de leer las declaraciones el señor Pedro Castillo, de tal manera que él asume que él no ha participado para nada en esa decisión”, señaló.

El abogado de Aníbal Torres indicó que su patrocinado ingresó al Despacho Presidencial cuando Castillo estaba terminando de dar el mensaje con el que pretendió dar un autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Asimismo, dijo que fue un “acto solidario” el acompañar al exmandatario a la embajada de México para pedir asilo político.

Además, el letrado sostuvo que, en el caso de que su patrocinado sea encontrado culpable, no puede ir a la cárcel debido a que tiene 79 años de edad y sufre de diabetes.

En ese sentido, indicó que el Código Penal señala que la responsabilidad penal está restringida entre los 18 y los 25 años “por ser muy joven” o cuando pasa de los 65 años.

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, pesentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros acusándolo de los supuestos delitos contra la tranquilidad pública, rebelión y apología al delito. Además solicita el procesamiento judidicial e inhabilitación de la funció pública por 10 años.

Entre los fundamentos de hecho, la parlamentaria mencionó las polémicas intervenciones de Aníbal Torres durante el tiempo que fue ministro de la cartera de Justicia y jefe del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, presidente que se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva.

Además, se indica cuando Torres Vásquez exclamó su admiración por Adolf Hitler por “convertir a Alemania en en la primera potencia económica del mundo” y la discriminación que hizo hacia los niños de San Isidro y Miraflores, entre otras polémicas en la que ha estado envuelto el exjefe de Gabinete ministerial.

“El ex Presidente del Consejo de Ministros (PCM) no solo ha transgredido lo señalado en nuestra Carta Magna, sino que también habría incurrido en los delitos contra la tranquilidad pública, rebelión y apología al delito, por lo que esto amerita una inmediata acusación constitucional”, indica Chirinos en el documento.

Acusa también que Aníbal Torres “en su calidad de Presidente del Consejo de Ministros, utilizó las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, las cuales tuvieron un tinte político, con el único objetivo de crear zozobra en la población y recrudecer el odio entre los peruanos, proliferando mensajes públicos de odio y división entre la población, así como contra medios de comunicación y demás poderes e instituciones del Estado”