Hermana de Víctor Santisteban pide justicia: “Nuestra lucha no es fácil. Los altos funcionarios han manchado el nombre de mi familia”

El cumpleaños número 56 de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca se conmemoró en un cementerio. Ahora, cada vez que sus padres, su hermana y sobrina quieren visitarlo, deben llegar hasta un camposanto de Puente Piedra, en Lima. Hay una fecha imborrable en la mente de cada uno de ellos: 28 de enero del 2023, el día en el que un efectivo policial le disparó una bomba lacrimógena directamente hacia la cabeza, lo que le produjo un grave traumatismo que dejó la masa cerebral expuesta y causó su fallecimiento.

Ya transcurrió más de un mes desde que el abuelo que soñaba conocer a su único nieto falleció, pero hasta la fecha ningún agente de la Policía Nacional ha sido señalado como responsable directo de la muerte de Víctor, según dice a Infobae la hermana del fallecido, Elizabeth Santisteban.

La madre de familia asegura que tras la visualización de los registros de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima obtenidos por el Ministerio Público —durante jornadas de más de 12 horas, durante dos días seguidos— puede señalar, sin dudas, que fue un policía escopetero el que disparó injustificadamente contra el cuerpo de su hermano. Ella indica que no es una conclusión oficial, pero se reafirma en su testimonio.

La muerte de Víctor Santisteban se produjo en la cuadra 9 de la avenida Abancay, durante la noche. Ese 28 de enero, un grupo de ocho policías escuderos y un escopetero se fueron hacia el jirón Sandia, contiguo al lugar donde cayó herido gravemente la víctima mortal. Pero tres de ellos estuvieron en la misma zona del abatimiento del ciudadano, según Elizabeth. Es decir, si el sistema de justicia busca con rigurosidad al responsable directo de esta muerte, solo debe buscar entre un pequeño grupo, identificar qué escuadrón fue y revisar a qué función fue designado cada agente.

“Al efectivo que disparó a mi hermano se ve que nadie lo ataca, nadie le está tratando de hacerle algún daño. Al contrario, la gente está desesperada, metiéndose a un callejón para huir. Se ve a mi hermano agarrado de la mano de una persona y junto a los brigadistas. Y este policía lo mata de una forma deliberada. Pero lo más curioso es que se ve que ese policía, al ver todo el laberinto de la gente que se desespera por la caída de mi hermano, él se va, se retira tranquilamente. Como que con él no pasó nada, él no hizo nada. Al contrario, hizo un ‘acto heroico’ porque más allá se ve a un civil que le toca el hombro, como diciendo ‘bien hecho o te felicito’. Y obviamente ese civil no ha sido un manifestante, seguramente ha sido un terna. Lo evidente no se puede ocultar”, narra Elizabeth.

Hasta semanas después de la muerte de Víctor, la información oficial insistía en que él había sido ultimado por una piedra. El mismo día de su muerte, tanto el Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio del Interior cambiaron la versión del diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave (TEC) por la de una “herida contuso cortante (detrás de la oreja)”, a través de una seguidilla de comunicados oficiales que causaron confusión y generaron una ola de desinformación.

El caso más relevante fue el de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien dijo con total seguridad que un “objeto contuso” solo podía ser una piedra, antes de que los peritos se pronunciaran o las investigaciones avanzaran.

“Yo le hablo como médico, el objeto contuso puede ser una piedra, no te está diciendo proyectil, arma de fuego, está diciendo objeto contuso (...) Los médicos tenemos tantos años estudiando objeto contuso, te está hablando de una piedra... claramente es eso”, dijo durante una entrevista periodística al ser consultada sobre la posibilidad de que el impacto que mató a Santisteban Yacsavilca fuese el de una bomba lacrimógena.

Una vez que más imágenes se hicieron públicas, las altas autoridades no enmendaron sus declaraciones cargadas de error. Solo optaron por el silencio y mirar hacia el costado.

Desde que el estallido social inició en el sur del Perú, el gobierno de Dina Boluarte ha insistido en que los manifestantes son violentistas, financiados por el terrorismo, el narcotráfico o incluso Bolivia. En una serie de discursos han alabado la labor policial, pese a la creciente aparición de evidencias sobre el abuso y las graves violaciones a los derechos humanos que han perpetrado los agentes del orden con el aval del gobierno, que tacha su trabajo de “inmaculado”.

Cuando Víctor Santisteban recibió el disparo policial que acabó con su vida, en el Perú ya se contaban más de 40 fallecidos debido a la represión de la PNP, incluidos siete menores de edad, en un régimen de menos de dos meses. Esas cifras en cualquier parte del mundo generarían el rechazo generalizado, pero no es así en el país. Por el contrario, incluso entre la población de sectores populares de la capital se ha creado un imaginario colectivo en el que los fallecidos “están bien muertos” porque eran “terroristas”. Y a ese discurso divisionista han contribuido la misma presidenta, sus ministros y un grueso de congresistas.

Elizabeth Santisteban y su familia lidian con el dolor de la pérdida y el estigma.

“A mí me ha tocado vivir en carne propia el asesinato de mi hermano para darme cuenta que mienten de una forma tan descarada. Teniendo el hecho tan claro, no son capaces de decir ‘sí, pasó esto, pero es un proceso de investigación, vamos a ver qué, y si sale culpable se le castigará’, pero no, simplemente (dicen) fue un vándalo, un terrorista, merecía morir así y ahora hay que darle amnistía a los pobres policías. Definitivamente, nuestra lucha no es fácil porque estamos hablando de altos funcionarios. Nosotros como familia no solamente tenemos que aliviar el dolor por la pérdida de un ser tan querido que es nuestro hermano, tenemos que lidiar todos los días el ver a nuestros padres que ya son mayores de edad, diabéticos, que se consumen con el dolor emocionalmente, físicamente. Nuestra vida ha cambiado”, explica.

La familia de Víctor Santisteban detalla que la visualización de los videos de las cámaras de seguridad culminaron a mediados de febrero, pocos días antes del cumpleaños del hombre natural de Yauyos, en la serranía de Lima, donde pasó sus primeros años.

Ahora están a la espera de que una testigo clave, que iba junto a Santisteban Yacsavilca en el momento trágico, pueda brindar sus declaraciones ante la fiscalía especializada en derechos humanos. Es su principal solicitud.

“Nosotros no podemos llorar a mi hermano, no podemos llevarle un luto porque mi hermano no murió de una enfermedad. No. A mi hermano lo asesinaron. Y el día realmente que se haga justicia a mi hermano, nosotros le podemos llorar y podremos llevar el luto porque sabemos que ya mi hermano descansa en paz. Mientras tanto no, nuestra indignación se antepone a nuestro dolor. Yo estoy muy indignada, muy indignada con todo esto que pasa y más indignada me siento aún como peruana ver que estamos realmente gobernados por gente putrefacta. Nosotros hasta el último suspiro, aliento que tengamos de vida, seguiremos en pie de lucha por la justicia, a mi hermano y a las otras víctimas”, concluye Elizabeth.