Cómo las protestas y la conflictividad social afectan a las inversiones en el Perú

El descontento social y las masivas protestas en Perú no es un suceso aislado en América Latina. En los últimos tres años se han llevado a cabo manifestaciones similares en Chile, Colombia y Ecuador, donde miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra una serie de problemas sociales, incluida la desigualdad, las reformas fiscales y el aumento de precio de los alimentos.

Con la llegada de la pandemia mundial del covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania han contribuido a una sensación general de insatisfacción con el ‘statu quo’, exacerbando aún más el actual clima de malestar. En Perú, durante los últimos tres años, el PBI ha mantenido una tasa de crecimiento constante del 3%, pero la agitación política actual tras la interrupción de la democracia por parte del expresidente Pedro Castillo a través de un fallido golpe de Estado ha provocado un malestar generalizado en el país.

Desde diciembre, con este descontento social, llevó a que manifestantes bloqueen carreteras, incendien instituciones públicas y campamentos mineros, también se produjo el cierre de aeropuertos. Sin embargo, esta convulsión social provocó la lamentable pérdida de 60 vidas humanas y miles de heridos, luego del enfrentamiento de agentes de la Policía Nacional del Perú y los protestantes en diferentes regiones del país.

Con la afectación de la infraestructura y el bloqueo de las vías provocaron una fuerte perturbación económica sobre todo en sectores claves como la minería, la agricultura y el turismo. Según el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, estimó que el costo de las protestas en diciembre ascendió en USD 21 millones por día.

Ante estos sucesos en el país, un grupo de expertos compartieron sus perspectivas sobre cómo las tensiones sociales impactan a la inversión local y extranjera en el Perú en el marco de un evento virtual organizado por Atlantic Council.

En su análisis, Jason Marczak, senior director de Adrienne Arsht Latin America Center Atlantic Council, indicó que en los últimos meses tras la destitución de Pedro Castillo ha dado lugar a protestas generalizadas que han aislado y paralizado varias ciudades del Perú. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú informó que debido a la inestabilidad política la tasa de crecimiento del año pasado se redujo casi medio punto porcentual.

“El impacto ha sido igualmente significativo con una polarización y división generalizadas entre los diferentes grupos sociales. Las protestas han afectado gravemente a las empresas locales e internacionales; y en muchas zonas del país, el costo de la recuperación seguirá siendo elevada”, señaló Marcazk.

Desde el punto de vista estadounidense, Kevin O’Reilly, Coordinador Nacional de la Cumbre de las Américas y subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que miran con gran preocupación las noticias de actos violentos que se vienen produciendo en el Perú, sobre todo cuando van dirigidos a los medios de comunicación, ya que la democracia depende de una prensa libre y un intercambio libre de ideas.

“El pueblo peruano se merece instituciones democráticas estables que funcionen acorde con la Constitución peruana y conforme con las normas de la Carta Democrática Interamericana y que cumplan con los mandatos de gobernanza democrática. El descontento social que hemos visto en Perú nos preocupa y con nuestra Embajadora Lisa Kenna en Lima sigue promoviendo un diálogo para poner fin a la violencia”, remarcó el diplomático estadounidense en su intervención en un evento organizado por Atlantic Council.

Asimismo, el funcionario indicó que están apoyando a las autoridades peruanas en la agenda para ver cuál es la forma de lograr la recuperación de económica del país tras los embates de la pandemia y todas sus secuelas. “Todos sabemos que Perú ha sufrido choques desproporcionados comparado con el resto de países del hemisferio, pues tuvo un costo social muy fuerte; sin embargo, vimos que el país empezó a recuperarse en términos económicos, pero estas circunstancias recientes por las protestas han tenido un impacto en algunos sectores como la minería y el turismo”, precisó.

Por su parte, el Embajador Jaime Cacho-Souza, director general de promoción económica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, indicó que las protestas sociales en el Perú incluyen legítimas demandas, pero también han sido motivadas por intereses políticos con el deliberado propósito de producir violencia para subvertir el orden constitucional del gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de vidas humanas ocurridas en el contexto de estas manifestaciones que están siendo investigados por las entidades competentes que gozan de plena Libertad para encontrar la verdad y juzgar a los responsables. Desde el Gobierno se ha reafirmado el absoluto compromiso con la preservación de los valores y principios democráticos y el respeto pleno de los derechos humanos y el estado de derecho”, afirmó el diplomático peruano.

En cuanto a la reactivación económica, Cacho-Souza informó que se ha destinado una inversión aproximada de USD 1.500 millones a través del programa con ‘Punche Perú’. Además, comentó que las más prestigiosas agencias calificadoras de inversiones vienen destacando la sostenibilidad de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno peruano, así como la solvencia fiscal y macroeconómica del país que ha favorecido a la llegada de inversión extranjera al país.

“El Perú considera a Estados Unidos como un socio estratégico clave, ya durante el 2022 la inversión extranjera directa del país norteamericano registró más de USD 3 mil millones y destinados en sectores claves como la minería. También, contamos con un tratado de libre comercio desde el año 2009, lo cual ha fortalecido nuestras exportaciones a Estados Unidos que registró en el 2021 la cifra récord de USD 6.362 millones”, detalló el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la misma línea, Cacho-Souza indicó que este año Proinversión tiene como objetivo adjudicar 16 proyectos de asociación pública-privada y otros proyectos con una inversión por S/ 3 mil millones. “El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tiene como objetivo este año una propuesta de paquete de convenio de ejecución gobierno a gobierno de aproximadamente S/ 3.356 millones; además el sector minero, promovido por Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha actualizado para este año la cartera de proyectos de inversión minera la cual están conformada por 47 proyectos mineros que abarcan una inversión de USD 53 mil millones”.

En tanto, el gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex-Perú), Rafael Zacnich, comentó que son conscientes de que existe un descontento social justificado en el país que data de muchos años atrás, pero esta problemática surge de la responsabilidad de gobiernos municipales y regionales que no han traducido 21 años de crecimiento económico ininterrumpido en mejores servicios públicos y de calidad para el ciudadano.

“Trasladar esa responsabilidad a cualquier gobierno central sea de cuál sea el partido creemos que es equivocado. Los gobernadores regionales y alcaldes de alguna manera han tenido la oportunidad de trabajar para cerrar las brechas sociales en el Perú; sin embargo, el año pasado ambos gobiernos subnacionales dejaron de ejecutar obras públicas por un monto de alrededor de S/ 16 mil 500 millones. Haciendo equivalencias eso es más o menos el 65% de la brecha de infraestructura para agua y saneamiento; o sea, estamos hablando de cuantiosos recursos que se deja de ejecutar todos los años”, dijo el ejecutivo.

En ese sentido, el representante de Comex Perú manifestó que el descontento social se ha incrementado porque los ciudadanos no se pueden atender en servicios vinculados a la salud; tampoco se cuenta con un servicio educativo en Puno al igual que en Lima. “Hay datos de evidencias de que señalan que el sector salud el 95% de la capacidad de su infraestructura en nivel hospitalario está considerado como obsoleta”.

Ante esta problemática, Zacnich dijo que hay un sector político que pretende impulsar una Asamblea Constituyente para que el Estado tenga mayor intervención sobre la economía o que se convierta en un Estado empresario. “Esas medidas se llevaron a cabo en épocas que ya las vivimos en el primer en el primer gobierno de Alan García donde todas las intervenciones fueron pésimas y se produjo una hiperinflación”, recordó.

Sobre cómo la crisis política impacta a la confianza empresarial, Mabel Huertas, socia directora de 50+1 Grupo Análisis Político, comentó que el actual Congreso de la República que tiene bajos niveles de aprobación, usa como herramienta el populismo para legislar. En ese sentido, el Pleno discute nuevos retiros de fondos provisionales de AFP, entre otros que están afectando las operaciones de diferentes sectores económicos.

No obstante, la especialista recordó que en el gobierno de Pedro Castillo se hicieron varios cambios de ministros en el Poder Ejecutivo. “En el tiempo que duró Castillo tuvimos 81 ministros; y, esto dificulta y genera todo un reto para los empresarios para establecer relaciones de confianza e invertir en el país. Se necesita establecer garantías de seguimiento de proyectos a largo plazo”, comentó.

En cuanto al escenario político del país, Huertas dijo que a partir del 2016 ningún presidente ha concluido su periodo de gobierno ni siquiera los vicepresidentes que asumen el mandato. “Creemos que esta probablemente sea la suerte con la que corra la actual presidenta Dina Boluarte. Desde el 2016, hemos tenido seis presidentes y tres congresos que se han elegido en este lapso de tiempo. Todo esto trae consigo el debilitamiento de las instituciones; y la desconfianza generalizada ahora mismo el Congreso ha superado ya cualquier precedente de práctica parlamentaria”, remarcó.