Ministro de Justicia sostuvo que Alejandro Toledo responderá sí o sí ante la justicia peruana

José Tello señaló que el expresidente terminará extraditado a pesar de todos los recursos legales que ha interpuesto para evitar su regreso al país y así responder por el caso Odebrecht.

Ministro de Justicia, José Tello.

El ministro de Justicia, José Tello, reiteró que el expresidente Alejandro Toledo responderá ante la justicia peruana a pesar de todos los recursos legales que está interponiendo en Estados Unidos para evitar su extradicción al país y responda por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht durante su gobierno.

“Lo que puedo decir de manera concluyente es que el señor (Alejandro Toledo) sí o sí va a responder ante la justicia peruana. Él va a terminar siendo extraditado”, señaló en diálogo con RPP. El titular del Minjus añadió que el exjefe de Estado está en todo su derecho de agotar todos los mecanismos posibles para bloquear su regreso. Sin embargo, consideró que “son maniobras dilatorias”.

Tello agregó que el Gobierno apoyará en todo lo que sea necesario al Ministerio Público para que el proceso de extradicción de Toledo Manrique no sea engorroso y tome bastante tiempo.

“Corresponde al Ministerio Público (decidir si viajarán a Estados Unidos para ver la extradición de Toledo). Es un tema que su autonomía le asiste. Lo que sí nosotros vamos a apoyar todo lo que ellos requieran porque en un determinado momento Relaciones Exteriores y la Interpol, con obviamente la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, coadyuvan al traslado y nosotros nos encargamos acá de la reclusión”, anotó.

(Andina)

Como es público, el expresidente Toledo presentó un “procedimiento civil federal” contra el Departamento de Estado de Estados Unidos y Vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, para dilatar su extradicción. Este proceso consta de 59 puntos y se planteó ante la Corte del Distrito de Columbia.

Para ello, Toledo Manrique fue representado por los letrados Kelsey Quigley y David Bowker de la firma Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP. Ambos han alegado ante las autoridades que se ha violó la “Quinta Enmienda” de la Constitución estadounidense, referido al derecho de la libertad y el debido proceso.

“Tampoco le ha dado al doctor Toledo y su abogado el derecho de revisar y refutar las bases de la decisión del Departamento, que según la ley de los EE. UU. son componentes necesarios de la oportunidad de ser escuchado antes de que se tome una decisión de extradición”, se señala en el documento correspondiente que fue presentado por el diario El Comercio.

Además, los abogados agregan: “El hecho de que el Departamento no le haya brindado al Dr. Toledo estas garantías mínimas bajo la cláusula del debido proceso lo priva de la libertad sin el debido proceso legal y, por lo tanto, viola la Quinta Enmienda de la Constitución”.

En su momento, el expresidente Alejandro Toledo fue cercano al exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata.

Los abogados también señalan que “la vida y la libertad del doctor Toledo están en juego” luego que el Departamento de Justicia de EE. UU. intentara “revocar su fianza y mantenerlo bajo custodia”.

“El Departamento de Estado ha decidido entregarlo para su extradición a Perú, donde probablemente enfrentará una prisión preventiva prolongada, posible abuso u otro trato ilegal, falta de debido proceso y un sistema judicial que carece de independencia e imparcialidad. Lo que está en juego para el doctor Toledo no podría ser mayor, ya que claramente enfrenta la pérdida de la libertad y otros daños irreparables, incluido el riesgo de muerte”, se señala en la demanda.

Debido a la nueva jugada legal, el expresidente Toledo seguirá en libertad. El juez Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, dispuso que no sea detenido hasta que el Noveno Circuito determine si la extradición debe seguir adelante o no. Si fuera lo primero, entonces dispondrá que las autoridades arresten al exdictanario peruano.

El Gobierno estadounidense había pedido a este juez que el político ingresara en prisión preventiva, ya que al aprobarse su extradición podía aumentar el riesgo de fuga.

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