El próximo miércoles 22 de marzo, desde las 16:00 horas, el pleno del Congreso sesionará para debatir y votar el informe final de la denuncia constitucional que propone acusar a Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, exministros de Pedro Castillo, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
En esa jornada también se evaluará el desafuero de Chávez y Sánchez, legisladores en ejercicio. La cita fue programada por el Legislativo luego de que la Comisión Permanente aprobara el martes la acusación contra los tres allegados del exmandatario.
El presidente del Congreso, José Williams, adelantó a la prensa que, después de la aprobación de las acusaciones, la denuncia será enviada al Consejo Directivo y luego incluida en la agenda del próximo pleno para votar el desafuero de los denunciados y la acusación constitucional, que regresará a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para el inicio formal del proceso.
Durante la sesión parlamentaria, Chávez envió una carta, a través de sus abogados, en la que acepta la acusación del Ministerio Público y pide al Parlamento que apruebe la acusación constitucional en su contra para poder acreditar su “absoluta inocencia” respecto a los hechos investigados.
Por su parte, el extitular de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, aseguró ante la comisión que nunca tuvo conocimiento del discurso de Castillo, en el que anunció el cierre del Parlamento y que instalaría un Gobierno de emergencia.
“En el video (de ese día) está clarísimo que yo no he estado allí, por eso solicito que se incorpore” como prueba nueva en la investigación, expresó Sánchez, al considerar que la grabación de Palacio de Gobierno lo “libera de supuestos” y demuestra que “no he tenido conocimiento” del fallido golpe de Estado.
Asimismo, el también legislador citó una declaración de Huerta en la que se disculpa con él por haber mencionado que participó en la preparación de los hechos.
Sánchez recordó que presentó su renuncia al cargo, minutos después del anuncio de Castillo, y pidió la visita de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país para defender la democracia.
Por su parte, Willy Huerta, extitular del Interior, afirmó que él no era del entorno de confianza de Castillo y que ese día acudió al despacho presidencial para informarle sobre las medidas de seguridad que se iban a tomar por una manifestación de protesta convocada para esa jornada.
“Nunca fui informado de lo que iba a pasar” ese día y “la orden de cerrar el Congreso la impartió el mismo presidente Castillo, yo no”, manifestó Huerta a los parlamentarios. El exministro del Interior agregó que Castillo sabía que si le pedía para cerrar el Congreso, “no hubiera aceptado”.
En su opinión, tanto la ex primera ministra como su antecesor Aníbal Torres conocían del mensaje de Castillo y, en ese sentido, agregó que no tiene “por qué defender a nadie”, pues “no se merecen” su lealtad o su respeto.
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