Comisión Permanente aprueba acusar a Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por el presunto delito de rebelión y conspiración

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración a la exprimera ministra Betssy Chávez por ser señalada como la coautora del fallido golpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo quiso ejecutar el 7 de diciembre del año pasado.

Con 24 votos a favor, dos en contra y una abstención, la legisladora de la bancada de Perú Democrático queda a un paso de que se le levante el antejuicio político en el Pleno, donde tendrá la última oportunidad para defenderse. La suerte de Chávez estaba echada porque a la hora de la decisión, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Acción Popular aprobaron la denuncia.

A este combo se sumaron Somos Perú, Podemos, Perú Libre y el Bloque Magisterial. Grupos como Perú Bicentenario y Juntos por el Perú-Cambio Democrático rechazaron la acusación contra la exjefa del gabinete.

Similar situación pasaron los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior) porque ambos estuvieron en Palacio de Gobierno mientras Castillo Terrones brindaba su mensaje a la nación en la que disponía el cierre inconstitucional del Parlamento y la captura de varias instituciones autónomas como el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.

En el caso de Sánchez, se dio el visto bueno para que sea acusado por 23 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Por su parte, con Huerta se dio el resultado de 19 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Se dispuso que los parlamentarios Wilson Soto (Acción Popular) y Lady Camones (Alianza para el Progreso) sean los integrantes de la subcomisión acusadora de los casos de Chávez, Sánchez y Huerta ante el Pleno.

Si la representación nacional da el visto bueno que Chávez y compañía cometieron los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión (Art. 346 del Código Penal), y contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración (Art. 349 del Código Penal) en agravio del Estado, entonces la Fiscalía de la Nación podría tener la facultad para solicitar una prisión preventiva contra los involucrados.

Ya se han tomado medidas para evitar la fuga de la exprimera ministra de Pedro Castillo. La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió este miércoles pasado una alerta migratoria contra ella y los exministros Sánchez y Huerta a solicitud de la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País).

Adicionalmente, la Comisión Permanente envió un oficio al Poder Judicial para que se le dicte impedimento de salida del país contra Betssy Chávez debido a que se encuentra investigada por ser la coautora del golpe de Estado de Castillo.

Sin embargo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó la solicitud porque en el petitorio alcanzado por el Parlamento no ha incluido los “elementos de convicción” (fundamentos) y el tiempo que requiere para la medida contra Chávez Chino. Por esa razón, le ha otorgado un plazo de tres días para que la procuradoría del Legislativo subsane estos detalles y presente otra vez el documento ante el magistrado “bajo apercibimiento de ser rechazada” si se incumplen los requisitos antes señalados.

Tras agravarse su situación legal, Chávez no estuvo yendo al Parlamento. En esa línea, al ser abordada por un medio de comunicación a la salida de su vivienda, en Magdalena, la expremier manifestó no tiene planeado fugarse del país tras suspender el servicio de protección personal.

“Ayer estuve mal de salud, presenté el documento a Oficialía Mayor [del Congreso de la República]”, declaró.

Además, la congresista entregó su pasaporte diplomático mientras se realizan las investigaciones en su contra.

“El acto de entrega fue coordinado previamente por el señor Erwin R. Siccha Pérez con la Oficialía Mayor, la cual dispuso que el suscrito se encargue de la recepción y su inmediata posterior entrega a la Oficialía Mayor del Congreso de la República”, se lee en un documento difundido por Canal N. De esta manera, legisladora pretende levantar cualquier sospecha sobre su posible fuga del territorio nacional.