Exfiscal Víctor Cubas sobre polémica condecoración a Patricia Benavides: “La Junta Nacional de Justicia le puede abrir otra investigación”

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, no deja de estar en el centro de la polémica. Actualmente afronta una investigación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los cambios que realizó dentro del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto y por la reciente condecoración por el Día Internacional de la Mujer que recibió de manos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

En medio de estos hechos, Infobae buscó al exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva que ha sido un severo crítico de la gestión de Benavides. Además, fue uno de los primeros en alejarse del Ministerio Público.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, recibió una condecoración por el Día de la Mujer. Sin embargo, según la Ley de la Carrera Fiscal no tenía que darse y sería ilegal. ¿Es así?

Sí, efectivamente. La ley de la Carrera Fiscal es una ley complementaria a la ley orgánica del Ministerio Público. En el ámbito del Poder Judicial también hay una ley de la carrera judicial que es complementaria a la ley orgánica de esta institución. Esas leyes de carrera judicial y fiscal, básicamente, establecen normas sobre el desempeño funcional de jueces y fiscales. En consecuencia, es ahí que están previstas acciones que están consideradas como faltas y los procesos disciplinarios para establecer las sanciones si es que se comprueba si se ha incurrido en falta. En ese contexto, está prohibido para un fiscal recibir donaciones, invitaciones y agasajos de personas que están investigadas. Es público que la persona que desempeña la alcaldía de Lima [Rafael López Aliaga] tiene una investigación preparatoria por lavado de activos. De tal manera que eso no puede ser desconocido por la primera autoridad de la institución [Ministerio Público]. Recibir condecoraciones, felicitaciones y reconocimientos es una falta.

¿La Junta Nacional de Justicia podría iniciar una nueva investigación?

Sí, evidentemente, le puede abrir otra más [a la fiscal Patricia Benavides] porque en la Junta Nacional de Justicia deben haber ya varias investigaciones. La junta, como órgano de control de la conducta funcional, puede tranquilamente actuar de oficio porque basta que este hecho sea puesto de su conocimiento y que constituya una presunta falta disciplinaria.

Llama la atención que la fiscal Benavides reciba este reconocimiento a pesar de que la ley establece claramente el impedimento. ¿Cuál es su interpretación?

Por un lado, considero que hay una falta de criterio para el desempeño del cargo. Por otro lado, hay mucha soberbia. Cuando se ocupa un cargo de este nivel [Fiscalía de la Nación] hay que ser lo suficientemente equilibrado, actuar con la mayor tranquilidad, humildad y desterrando la soberbia y el autoritarismo porque eso le hace mal a la institución. Creo que, precisamente, esas características son las que tiene el desempeño de la persona [Patricia Benavides] que actualmente está en ese cargo.

Durante la ceremonia de condecoración, la fiscal Benavides dijo no tener problemas en ser investigada por los organismos correspondientes como la JNJ. Una declaración que dista bastante cuando se supo que le abrieron una indagación y calificó la decisión como “ilegal” y “nula”. ¿A qué cree que se debe este cambio repentino de posición?

Precisamente, pues porque no se tiene la suficiente tranquilidad para responder a los problemas que se presentan en el ejercicio de la función. En primer lugar, reacciona desaforadamente atribuyéndole hechos y declarando la nulidad de la resolución que dispone investigarla. Es una reacción inusitada e impropia de quien ostenta la alta calidad de funcionario del Estado. Mucho más de una persona que desempeña la fiscalía de la Nación porque debe ser el ejemplo de idoneidad y sobriedad. Por otro lado, en su discurso manifestó que no tiene ningún problema para que la investiguen. Eso es un desliz porque tenga o no tenga el problema, la Junta tiene atribuciones para investigarla esté ella de acuerdo o no. Cuando un órgano contralor ejerce sus funciones, los que son sujetos de control tienen que someterse. No es aceptables esas poses de ‘yo me someto a la investigación’ o ‘estoy dispuesto a que me investiguen’ porque la investigación igual debe darse. Dentro de un Estado de Derecho, no hay funcionarios que estén exentos de control. Todo lo demás son poses para tratar de buscar el aplauso de la tribuna luego de tener una reacción impropia.

Desde el Ministerio Público (MP) sostienen que el equipo de los Cuellos Blancos fue reforzado y no desarticulado. ¿Qué responde porque usted fue uno de los primeros en denunciar que hubo un desmantelamiento?

Eso es un criterio. Hay personas que consideran que lo que hacen es lo que debe ser y que todo lo demás es impropio. Un funcionario debe ser abierto a la crítica. Mucho más cuando la crítica viene de sectores que conocen el funcionamiento institucional y están planteando la inconveniencia de adoptar acciones como cambios de fiscales. Pero insisten en que no se ha desmontado el equipo sino reforzado. Ese es un criterio que esperemos sea así y juzguemos los resultados de la investigación. Se ha dicho que hay avances significativos, en buena hora si eso es así porque lo se requiere es que el Ministerio Público cumpla con su misión de investigación del delito y ejercer su función de ser titular del ejercicio de la acción penal, es decir, de perseguir todos los que cometen delitos. Y al decir todos es un término universal porque allí están incluidos todos los funcionarios así tengan lazos de parentesco con quienes ejercen el cargo. Pretender sustraer a una persona de la persecución es un hecho ilícito y de encubrimiento real o personal. Hay que tener cuidado con eso y ser coherente con lo que se dice y se hace.

¿Se reafirma en que la fiscal Benavides tiene llamadas con Antonio Camayo?

Eso aparece en un documento que es oficial y en el que se da cuenta de las escuchas que se han hecho por mandato judicial. No es una invención ni opinión, sino una afirmación.

¿Cree que las movidas dentro del equipo especial se dieron para proteger a la fiscal de la Nación?

Yo no he llegado a afirmar eso, pero lo que sí critico es que hayan cambios que no se justifican. Que se remuevan a fiscales que están desempeñándose sin el debido proceso, sin la motivación que justifique los cambios. Por otro lado, los reemplazos son personas que están cuestionadas, precisamente, por las relaciones que tienen con los investigados del caso Cuellos Blancos.

¿Cómo toma que el fiscal Helder Terán haya dispuesto que se archive la investigación contra la jueza Emma Benavides, quien habría recibido sobornos de narcotraficantes?

Cuando se produjo el cambio [fiscal Terán reemplazó a la exfiscal Bersabeth Revilla en el caso], se manifestó que ese sería el objetivo. Es decir, se remueve a un fiscal que está investigando y hace su trabajo con diligencia y seriedad. Esto despierta una sospecho porque acá lo que se quiere es evitar que se profundice la investigación y, en consecuencia, se está buscando un sobreseimiento. Lo que se ha hecho es un sobreseimiento. El fiscal nombrado por una resolución de la actual fiscal de la Nación, es decir, de quien le debe el cargo, le corresponde disponer el archivo. Pero ahí hay una irregularidad muy grave.

¿Cuál es?

En el mismo documento sostiene que ya no es necesario recibir el testimonio de dos personas [los peligrosos narcotraficantes conocidos como Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’ y José López Quispe, alias ‘Papitas’] que son precisamente los que confirmarían o desvirtuarían la tesis fiscal. Y lo hace con un argumento pueril: ya no se puede recibir los testimonios porque ya atentan contra el plazo razonable de investigación. Cuando una investigación por crimen organizado puede tener un plazo de 36 meses y allí esto es notorio de un animo de encubrimiento. Reitero, el encubrimiento es un acto ilícito. El señor fiscal debe olvidarse que le debe el cargo a la fiscal de la Nación y debe actuar de acuerdo a ley y haciendo el ejercicio de la facultad que le otorga la Constitución que dice que “un fiscal sólo está sometido a la Constitución y la ley”. No tiene porque estar pagando favores que le hace de nombrarlo y ponerlo en su puesto. Esto pone en evidencia que no merece el cargo, pero para mantenerse corresponde con el favor de pretender sustraer a una persona de la persecución penal. Eso es un hecho, aparte de ser grave, resulta un inconveniente.

Recuerda bastante cuando la fiscal Benavides dijo ante la JNJ que no iba a interferir en los casos de sus hermanas, pero resulta todo lo contrario.

Claro, se hizo público la parte de la entrevista en la que le dicen que tenía una hermana, pero la JNJ se había quedado corto porque no es una sino dos que están investigadas [la jueza Rosa Ruth Benavides es vinculada a la presunta contratación irregular de un total de 242 trabajadores para la Corte Superior de Justicia del Callao]. [Patricia Benavides] Ella dijo que “no voy a interferir porque eso es inmoral y, además, ilegal” y la junta le cree. El primer acto que realiza [remover a la exfiscal suprema Bersabeth Revilla, quien estaba a cargo de los casos de las hermanas de Patricia Benavides] es, precisamente, contrario a lo que dijo en esa oportunidad. Entonces, se pone en evidencia que no es coherente en lo que dice y hace.

A la fiscal Benavides también se le ha cuestionado por el manejo que lleva sobre la investigación por genocidio contra la presidenta Dina Boluarte. La abogada Gloria Cano denunció que no se le quiso permitir participar en el interrogatorio del último martes que, al final, no llegó a darse. Agregó que se buscó que sólo los abogados de la mandataria estén en la diligencia. ¿Observa que existe un compromiso de saber qué pasó en las protestas que dejaron 60 muertos?

Lo que usted afirma me da la razón que yo señale inicialmente al hacer pública mi preocupación por el hecho que el Ministerio Público, con su máxima autoridad, sólo ha tenido ojos para ver lo que hace el presidente de la república y los miembros del Poder Ejecutivo. Dejaba de lado todos los demás actos de personas del Poder Legislativo y el Judicial. Entonces, había una mirada sesgada, una actuación que no es imparcial y no es objetiva. Y la realidad me da la razón porque se ha hecho público que hay una actuación irregular en relación a la investigación a la actual presidenta de la república. Se ha negado a que participe los miembros de la procuradoría. Eso es un hecho absolutamente irregular e ilegal.

El procurador público es el abogado del Estado. Es él quien va representar al Estado como parte agraviada. Entonces, cómo se pretende evitar que participe en la declaración de una persona que está siendo investigada por hechos en agravio del Estado. En realidad, no creo que sea un desconocimiento [por parte de la fiscal Patricia Benavides], sino que quedaría la otra posibilidad que es un acto de favorecimiento y, en consecuencia, de parcialización indebida que lesiona el debido proceso. Y eso descalifica a la autoridad que está investigando.

¿Cree que la fiscal Benavides busca favorecer con sus actos a la presidenta Boluarte?

Lo que se ha dicho últimamente es irregular. Y si eso no se corrige, evidentemente se puede afirmar que hay actos de favorecimiento.

Se ha denunciado que las dependencias del Ministerio Público no avanzan en las regiones para tratar de hallar a los responsables de las muertes de las protestas.

Eso es un hecho que llama mucho la atención. No hay una base para sostener que eso obedecería a una directiva, pero los fiscales deben tener cuidado. La obligación de ellos es perseguir el delito. Si no lo hacen, no solamente está incurriendo en falta que es lo de menos, sino en actos ilícitos por los que que pueden ser procesados como autores por el delito contra la administración pública o por omisión al cumplimiento de sus funciones. Dejar de investigar puede ser un acto de encubrimiento porque se puede intencionalmente sustraer a una persona de la persecución penal y eso no puede hacer un fiscal. De tal manera que si buscan congraciarse con la autoridad al tener este tipo de actuación, eso es irregular e ilegal. El ejercicio de la función fiscal no depende de la voluntad de las autoridades administrativas.