Bancadas de izquierda presentaron este jueves una moción de interpelación contra Alberto Otárola, jefe del gabinete, y Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo, para que respondan sobre la contratación de Carola Rodríguez, excuñada del premier, como asesora del despacho en la cartera que preside Adrianzén.
En febrero pasado, por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por colusión (corrupción) agravada, que según la ley se sanciona con una condena de 3 a 6 años de prisión.
Un informe de Hildebrandt en sus Trece reveló que Rodríguez fue designada por Adrianzén como asesora de su despacho con un sueldo de 15.500 soles mensuales. Otárola no consignó el nombre de su hijo en su declaración jurada de intereses, pese a que tiene 22 años.
Por su parte, la cartera de Trabajo indicó que Carola Rodríguez cumple con todos los requisitos que exige el cargo de asesora del despacho ministerial, ya que cuenta con una experiencia de casi ocho años en tareas similares. Según Otárola, no intervino en esta contratación y “hace varios años” no ve a su excuñada.
Otra moción de interpelación, también elevada por organizaciones de izquierda, solicita que el ministro de Educación, Óscar Becerra, comparezca después de emitir expresiones misóginas contra las mujeres aymaras.
Becerra afirmó que “ni los animales exponen a sus hijos”, en alusión a un grupo de manifestantes que el último sábado participó junto a sus hijos en una protesta en Lima.
Otra denuncia
A inicios de marzo, la Fiscalía anunció una pesquisa contra el ministro Adrianzén que involucra, además, a la asesora de la presidenta Dina Boluarte, Grika Asayag, y al presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Aurelio Orellana, en presuntos actos de corrupción.
El caso, también visibilizado por Hildebrandt en sus trece, corresponde a un pago de 41 millones de soles por parte de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que en 2020 obtuvo la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas de Covid-19.
A comienzos de 2021, este pago se congeló luego que un informe de la Contraloría mostrara que hubo direccionamiento en la contratación de la empresa, pero en febrero de este año, bajo la gestión de Orellana en EsSalud, se ejecutó el desembolso de este monto.
El semanario indicó que la propia Boluarte tomó conocimiento del caso y pidió explicaciones al presidente de EsSalud, quien supuestamente tiene un vínculo de amistad con la asesora de la mandataria.
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