El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió ayer condecorar con la Medalla de Lima a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por “su lucha contra la corrupción en el país” en el marco del Día Internacional de la Mujer. Luego de ello, la titular del Ministerio Público ofreció un discurso para destacar su gestión al frente de esta institución autónoma del Estado.
Benavides recordó que es la quinta mujer que “en democracia, ejerce la dignidad de ser fiscal de la Nación” y anunció su deseo de trabajar por la erradicación de la discriminación y violencia de género”. Asimismo, dijo no tener problemas en ser investigada por los organismos correspondientes como la Junta Nacional de Justicia [JNJ].
“Siempre estaré dispuesta a someterme a cualquier escrutinio de la sociedad civil y los organismos de rendición de cuentas o disciplinarios, pero eso sí, no me piden silencio ni pasividad porque como toda mujer también se defenderme”, manifestó.
Si bien dijo respetar el estado de derecho, libertad de expresión y opinión, la fiscal de la nación anunció que se defenderá antes los cuestionamientos formulados en su contra. Sin embargo, la actividad pública en la que participó habría transgredido la ley.
Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal [IDL],sostuvo que la fiscal Patricia Benavides habría transgredido la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, al haber aceptado una condecoración en ceremonia pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
En concreto, la titular del Ministerio Público no cumplió lo que dice el artículo 39, en el inciso 2, del mencionado dispositivo legal que dice lo siguiente:
“Aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuatro grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional e internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado”
Actualmente, el alcalde López Aliaga es investigado por el presunto delito de lavado de activos por la fiscal supraprovincial Manuela Villar Ramírez, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Se encuentra incluido en el caso de un presunto sistema de corrupción en la caja metropolitana durante la gestión de Susana Villarán [2011-2014].
En esa línea, la fiscal Benavides habría violado la ley y podría ser investigada por la Junta Nacional de Justicia que ya tiene un caso abierto. Se trata por los cambios realizados en el equipo especial de Cuellos Blancos del Puerto, los cuales, según el organismo, obedecerían a la existencia de unas comunicaciones telefónicas que la involucran en el proceso.
En respuesta, la fiscal Benavides tachó de “ilegal y arbitraria” la decisión de la JNJ, organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales peruanos.
“Quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la JNJ es nula, puesto que (...) el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino, al contrario, ha sido reforzado”, dijo Benavides en su comunicado.
Agregó que esta investigación “constituye la consumación de los ataques” que supuestamente se iniciaron en su contra cuando tomó la decisión “de investigar al poder político”.
Con esto insinuó que podría ser la respuesta a “los resultados que va obteniendo el equipo especial de Cuellos Blancos”, a su solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado expresidente Pedro Castillo o a las investigaciones a “altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción”.
Benavides indicó finalmente que “nada de esto” la hará retroceder en su compromiso de “perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese”.
Junta responde
La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado respondiendo a las declaraciones de la fiscal de la nación. En principio, señalan que la Constitución y su Ley Orgánica reconocen a la JNJ la facultad de iniciar investigaciones en torno a la conducta funcional de los jueces, juezas y fiscales de todas las instancias, en el ejercicio de sus funciones judiciales y fiscales. “En consecuencia, la expedición de una resolución abriendo una investigación preliminar responde plenamente a sus facultades y atribuciones”, expresan.
Asimismo, aclaran que la resolución que dispone una investigación preliminar, que es de carácter reservado, “tiene el propósito de determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta disciplinaria, para identificar a los presuntos responsables de esta, o recabar elementos de juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada”. En suma, indican, la investigación preliminar permite establecer si existe mérito suficiente para iniciar un procedimiento disciplinario.