El Ministerio Público recibirá una respesta a su solicitud de prisión preventiva -por 36 meses- contra el expresidente Pedro Castillo, Geiner Alvarado (exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Juan Silva (prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones).
El pedido se produce en el marco de la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre del año pasado. Dicho recurso se presentó por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
Los casos de presunta corrupción investigados están vinculados a instituciones como Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El magistrado Juan Carlos Chekcley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, definirá esta solicitud a las tres de la tarde del jueves nueve de marzo. El juez ya había dictado una medida similar contra Castillo en diciembre del año pasado.
Tras suscitarse el golpe de Estado del exmandatario -no respaldado por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP)- el funcionario del Poder Judicial dictó una prisión preventiva de 18 meses -en el marco de la investigación correspondiente- por los presuntos delitos de “rebelión, conspiración y abuso de autoridad”.
El último martes siete de marzo, durante la audiencia antes del fallo, Castillo Terrones se presentó a la sesión de forma virtual, desde el penal Barbadillo (Ate), para brindar sus descargos.
“Niego rotunda y categóricamente ser autor y formar parte de una red criminal, el único delito que he cometido es el de servir a mi país como presidente de la República. (...) Se han armado un castillo de delitos con supuestos, habrías, tendrías y con colaboradores comprados. Van a pedir prisión preventiva cuando se van a cumplir cien días de estar secuestrado injustamente”, manifestó.
Posterior a ello, acompañado de su abogado Eduardo Pachas, este aseguró que no existe ninguna organización criminal, sino un “cargamontón” en su contra.
“Estoy privado de mi libertad, asumiendo una situación de complot, porque existe una presión mediática. Más que seguro, [el premier Alberto] Otárola debe estar con una hoja en la mano, con un borrador con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi prisión preventiva. En ese marco debo decirle señor magistrado que tengo la conciencia tranquila, no le he robado ningún centavo al país”, aseveró.
Finalmente, el exsindicalista aseguró que no puede “obstaculizar u obstruir a la justicia” debido a la actual prisión preventiva que cumple.
Desde hace algunos meses, sin embargo, diversas figuras internacionales como los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Gustavo Petro, respectivamente, iniciaron una campaña para liberar al expresidente.
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